La Junta de Castilla y León ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra tres sentencias concretas sobre otros tantos casos de jubilaciones forzosas de facultativos que, según ha aclarado el consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, no ponen en duda en ningún caso el Plan de Ordenación de Recursos Humanos puesto en marcha por Sacyl sino que hacen referencia a un error en el acto administrativo de comunicar esas bajas, que tenía que haber llevado la firma del propio consejero y no del gerente.

Así lo ha explicado Antonio Sáez Aguado en su comparecencia este viernes en la Comisión de Sanidad de las Cortes en la que ha detallado la actuación de la Junta respecto a las distintas sentencias dictadas en el tema de las denominadas jubilaciones forzosas (excepciones para la prolongación en el servicio más allá de los 65 años y tres meses de los facultativos de algunas categorías), ninguna de las cuales, ha aclarado, es firme todavía.

En el caso concreto de los tres autos que estiman parcialmente las pretensiones de los demandantes por ese error formal en el órgano competente que tenía que comunicar las bajas, el consejero de Sanidad ha advertido además de un "problema de ejecución" de las sentencias ya que el ingreso de los facultativos al puesto que ocupaban con anterioridad al cese lleva aparejado el abono de las retribuciones que han dejado de percibir y el pago de las cuotas a la Seguridad Social durante un periodo en el que estas personas, mayores de 65 años, han percibido sus pensiones.

"¿Cómo es posible cotizar por un periodo en el que se han percibido pensiones?", se ha preguntado el consejero, quien ha apelado a que el alto tribunal aclare todos estos términos y esa "cierta contradicción" en la interpretación de estas sentencias.

Dicho esto, Antonio Sáez Aguado ha aprovechado la ocasión para aclarar que, en estos momentos, no hay ninguna resolución de ejecución "ni siquiera provisional" sobre la mesa. "Lo que tenemos es que escuchar la sentencia precisamente por su carácter particular", ha considerado el consejero que ha apelado a la seriedad de la Administración para cumplir las resoluciones dictadas por la Justicia.

El consejero ha avalado en todo momento la oportunidad y necesidad de establecer un Plan de Ordenación de Recursos Humanos, como se ha hecho en otras muchas comunidades autónomas, ha apuntado, para ordenar y rejuvenecer las plantillas, ofrecer puestos de trabajo a los médicos más jóvenes y, entre otros asuntos, evitar la anterior situación que obligaba a contratar a profesionales sólo para hacer las guardias que los mayores de 65 años no hacían.

La opción radical,

Sin complicaciones

Del mismo modo, ha explicado que si la Junta hubiese optado por la fórmula "más radical" y hubiese obligado a jubilarse a todos los facultativos tras cumplir los 65 años y tres meses como manda la norma y se ha hecho en alguna comunidad no habría habido "ninguna complicación" ya que se hubiesen evitado las contradicciones que ha generado ahora la aplicación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos con pronunciamientos judiciales "muy variados" en las distintas autonomías que los han aplicado.

Por su parte, el portavoz socialista en esta Comisión, Francisco Javier Muñoz Expósito, ha acusado al consejero de haber escuchado "muy poco" a los profesionales en este asunto y ha lamentado que la Junta haya optado por solucionar estos contenciosos "con disparos con pólvora ajena" en modo de recursos que tendrán unos costes cuya cantidad ha reclamado.

"Alguien tendrá algún tipo de responsabilidad", se ha preguntado Muñoz Expósito que ha recomendado a Sáez Aguado que si vuelve a tener algún tipo de responsabilidad en materia sanitaria tenga "más cuidado" al elaborar las normas para ordenar las plantillas ya que si se pierde "repercute al bolsillo de todos".

El socialista ha puesto sobre la mesa la sentencia completa del TSJCyL sobre este asunto en la que, un voto particular, evidencia "ausencia de motivación" en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos desde el convencimiento de que no se pueden rejuvenecer las plantillas "a cualquier precio" en ese pretendido ahorro de trienios y en la carrera profesional que se pretendía con el plan de Sacyl.

"A lo mejor había sido mejor cargar con ellos", ha ironizado Muñoz Expósito que ha augurado posibles nuevas denuncias por parte de los profesionales que están ocupando ahora los puestos de esos médicos a los que, según sus palabras, se ha jubilado de una manera forzosa. "Si a un profesional se le permite seguir en activo y luego le dicen que no es una jubilación forzosa", ha resumido el procurador socialista, para quien decir lo contrario es pretender hacer "trampas al solitario".