Un exempleado de Gerardo Crespo ha admitido que, para captar clientes, las empresas del empresario coruñés —imputado en la 'Operación Zeta'— ofrecían un porcentaje respecto a las subvenciones que recibían a las entidades que hacían sus cursos, en su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña.

En su condición de imputado, ha prestado declaración, junto a otras dos exempleadas de Azetanet. El que fue comercial desde los años 2005 hasta 2011 ha admitido que se concedía una devolución de las subvenciones que se recibían a estas entidades a cambio de que contratasen los cursos y que ofrecían "un porcentaje más elevado" que otras empresas.

Así lo han precisado a Europa Press fuentes jurídicas, que han señalado que este imputado ha indicado que "el problema de los retornos ha existido siempre y existirá hasta que alguien le meta mano", ha apostillado.

Este miércoles, también han prestado declaración, como imputadas, una orientadora laboral y otra empleada de Azetanet del área técnica. Ambas han confirmado que los cursos se realizaban. Una de ellas ha señalado también que no tenían "capacidad de decisión". "Que todo era supervisado por Gerardo", han señalado las mismas fuentes jurídicas.

HASTA 30 IMPUTADOS

En el marco de esta investigación, están imputadas un total de 30 personas por supuesto fraude en cursos de formación para obtener subvenciones públicas. Inicialmente se imputó a siete personas, entre las que se encontraban el empresario coruñés Gerardo Crespo; el presidente de Caype, Eliseo Calviño y su homólogo de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga) Francisco Javier Pérez Bello, a los que se sumaron, posteriormente, otros 23.

Entre ellos, están el exdirector xeral de Traballo Odilo Martiñá Rodríguez y otros dos excargos de la Xunta, el que fue jefe territorial de esta Consellería en A Coruña y exdirector del área de Servicios Provinciales de la Diputación coruñesa, Luis Alberto Álvarez Freijido, y el exjefe de Servicio de Empleo de la Xunta, Joaquín Vila Sampayo.

A estos nombres, se suman los de María Isabel Caramés, jefa de Servicio de Asuntos Xerais del Instituto Galego de Consumo, y la directora técnica de Consumo Esther Álvarez. Figura, además, el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete.