La sección segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a una abogada bilbaína, de iniciales C.F., a una pena de 5 años, 4 meses y 1 día de prisión, como autora de un delito continuado de falsedad en documento público, con agravante de reincidencia, por cobrar a inmigrantes contratos de trabajo falsos, con los que estos buscaban regularizar su situación administrativa en España.

Se da la circunstancia de que la letrada, a la fecha de los hechos, entre febrero y junio de 2010, tenía antecedentes penales computables a efecto de reincidencia al haber sido ejecutoriamente condenada en sentencia firme el 1 de abril de 2008, también por la Audiencia vizcaína, por un delito de estafa a la pena, entre otras, de dos años de prisión.

La abogada, que ha aceptado la pena y no recurrirá la sentencia, también ha sido inhabilitada para el ejercicio de la abogacía durante un periodo de 5 años y, como autora de un delito continuado de deslealtad profesional, ha sido también condenada a la pena de multa de 20 meses a razón de 6 euros al día e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión por 2 años y 6 meses.

En la misma sentencia se condena al gestor que actuó de mutuo acuerdo con la abogada a la pena de 4 años y 9 meses de prisión, como autor de un delito continuado de estafa en concurso con un delito continuado de falsedad en documento público. Además, queda inhabilitado para ejercer la profesión de gestor y asesor por un tiempo de 4 años.

Asimismo, ambos condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente con entre 1.600 y 1.700 euros a cuatro de los inmigrantes estafados.

Hechos probados

El fallo recoge que, por conformidad de las partes, se declara probado que entre los meses de febrero y junio de 2010, los acusados actuando de mutuo acuerdo y previamente concertados, con ánimo de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito, contactaron por diversos medios con diferentes personas de nacionalidad extranjera a quienes les ofrecieron realizar las gestiones pertinentes para obtener a su favor contratos de trabajo y la documentación necesaria para posteriormente permitirles la posibilidad de regularizar su situación administrativa en España a través de diferentes contactos con terceros de los que ellos disponían.

Los acusados solicitaron a cambio de su labor y gestión a los extranjeros la entrega de distintas cantidades de dinero. El fallo recoge que cuatro de las personas perjudicadas entregaron entre 1.600 y 1.700 euros para obtener un contrato de trabajo y demás documentación necesaria para regularizar su situación en el territorio nacional.

La letrada y el gestor, una vez en su poder las cantidades recibidas de manos de los perjudicados, les hacían entrega de un contrato de trabajo confeccionado íntegra y fraudulentamente por ellos y en el que figuraba como empleador un tercero, quien en ningún momento autorizó ni firmó los contratos de trabajo elaborados por los primeros.

Todo ello, con pleno conocimiento de la falsedad del documento e inexistencia de la relación laboral creada por los mismos y de que sus gestiones no iban a dar los resultados ofrecidos a los ciudadanos extranjeros para la obtención de la autorización de residencia temporal en nuestro país.