Anulan el aumento salarial pactado en el convenio de Cantur

El Juzgado de lo Social nº 5 estima parcialmente el recurso del Gobierno contra el convenio

La Federación de Servicios de CCOO de Cantabria ha anunciado que recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 que estima parcialmente la demanda del Gobierno contra el convenio colectivo de la empresa pública Cantur, y anula el incremento salarial pactado en el mismo.

El sindicato considera que, al tratarse de una empresa pública, "no está sujeta a la Ley de Presupuestos de las Administraciones públicas que impiden firmar subidas salariales".

CCOO opina que "no debe ser necesario solicitar la autorización a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo para poder aprobar el incremento salarial pactado en el convenio colectivo de Cantur firmado por sindicatos y Gobierno el 3 de enero de 2014 y que suponía, para 2015, una revisión equivalente al IPC real del año anterior más el 1,5 por ciento.

Para el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios, Gregorio García, "es incomprensible e incongruente" que el Gobierno regional haya firmado el convenio de Cantur y a la vez denuncie judicialmente, a través de la Dirección General de Trabajo, el convenio para impugnar uno de los acuerdos.

"Es la doble moral y el engaño a lo que nos tiene acostumbrados el Ejecutivo", ha dicho García, ya que, una vez más muestra "sus contradicciones" al firmar el convenio de Cantur, -empresa pública dependiente del Gobierno-, y posteriormente denunciar su legitimidad.

García se ha mostrado convencido de que el convenio se ajusta a la legalidad y que es un acuerdo válido que refuerza los derechos de los trabajadores. El sindicalista ha recordado que durante la negociación, "instamos a la empresa a asegurarse de la legalidad de lo firmado, por lo que, no vamos a ser ahora nosotros quienes perjudiquemos a los trabajadores".

Además ha acusado a parte de los sindicatos presentes en la firma de "complacientes y acomodados" por no querer presentar recurso a la sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 y por "amoldarse a las directrices del Gobierno y de la empresa" sin tener en cuenta los derechos y defensa de la plantilla.

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