El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha pedido a la Agencia Tributaria que certifique si Caja Madrid pretendió deducirse, durante los ejercicios 2003-2010, los gastos derivados de la utilización de las tarjetas opacas de la entidad, tal y como han sostenido algunos imputados.

En un auto, el magistrado lanza esta petición a Hacienda a instancias del exconsejero José María Arteta, que lo solicitó para su caso concreto, aunque Andreu ha decidido extenderlo a los cargos de todos los imputados que se cargaron en la cuenta "Gastos Órganos de Gobierno".

Muchos de los que han declarado hasta el momento en la Audiencia Nacional han defendido que las visas que recibieron eran para gastos de representación, por lo que eran deducibles en el Impuesto de Sociedades de la caja y no en su IRPF.

Frente a esa versión, otros exconsejeros y exdirectivos han alegado que la tarjeta que se les entregó era para gastos personales, pero que nunca imaginaron que no se incluyera en su certificado de haberes.

En este nuevo auto, el juez, que ya pidió a la entidad y a la Fundación Caja Madrid la semana pasada el "detalle específico de los importes que han soportado en sus cuentas, como consecuencia" de las "black", se dirige en esta ocasión a Visa para que le envíe "los cargos efectuados" en las mismas.

Además, el juez emplaza a Bankia a que le remita el contrato firmado por Arteta y Caja Madrid para la emisión de una tarjeta Business Plata de la que él fue su beneficiario, de fecha aproximada octubre de 2003, y todos los que pudieran haber suscrito entre ese año y 2010.

También quiere saber "la persona específica" que respondió a un requerimiento que hizo a la entidad en diciembre para que le aportara todos los contratos de las "black" y los departamentos que se encargaron de su contabilización

En esa documentación, que Bankia entregó a Andreu el pasado 6 de febrero, la entidad volvía a señalar al que fuera director financiero de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj como el máximo responsable de la gestión de las tarjetas, e informaba de que él y otros cinco imputados habían devuelto íntegramente las cuantías de las que disfrutaron con sus visas.

Bankia precisaba además de que no le consta que ninguno de los órganos del banco bajo la presidencia de Rodrigo Rato (ni Auditoría Interna, Fiscal, Dirección Financiera, Secretaría General y Contabilidad) "u otros, tuvieran constancia de la existencia de tarjetas emitidas al margen del circuito ordinario".

No obstante, clarificaba que durante las inspecciones realizadas a la entidad hasta 2006 por parte de la Agencia Tributaria, el Departamento Fiscal, "únicamente en cuanto a su tratamiento tributario, tuvo conocimiento de las actuaciones tributarias realizadas en relación a la cuenta "Gastos de Órganos de Gobierno".

También adjuntaba el contrato de su expresidente, Rodrigo Rato, firmado en febrero de 2012 y que le otorgaba un límite máximo anual de 68.000 euros, pero sobre el suscrito por Blesa en 1994 decía que "no consta el contrato citado, disponiéndose de registros informáticos justificativos de la existencia del mismo".

Lo mismo ocurría con los acuerdos "Business Plata" y "Business Oro", con fecha de alta de ese año, y los contratos marco anteriores que se hubiesen suscrito desde 1988 para la emisión de tarjetas de crédito a los consejeros y directivos de Caja Madrid.