La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Carmen González, ha archivado la causa que investigaba un presunto desvío de 1,4 millones de euros públicos en la gestión de la emisora Ràdio Calvià, según han confirmado fuentes del caso a Europa Press.

En concreto, el caso fue abierto hace dos años en virtud de una querella interpuesta por el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Calvià, en la que figuraban, entre otros, el nombre del actual alcalde, Manuel Onieva, y de su antecesor en el cargo y exconseller de Turismo del Govern, Carlos Delgado.

La jueza ha acordado sobreseer las pesquisas al considerar que los querellados no incurrieron en delito sino en errores administrativos en las distintas contrataciones investigadas. La denuncia apuntaba a la comisión de presuntos delitos de malversación, fraude y prevaricación.

Una de las últimas peticiones efectuadas por los querellantes, asistidos por el letrado Pablo Alonso de Caso, fue la imputación de Delgado y Oniva, al recordar que hasta 19 informes de la Guardia Civil, la totalidad de los aportados a la causa hasta entonces, apuntaban a la comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos para la explotación de la emisora municipal.

La formación sostenía que "todos los expedientes estaban amañados y que el único fin de los mismos era el beneficio directo y exclusivo de los adjudicatarios, quienes actuaban en consorcio criminal con las autoridades municipales".

Y ello porque "la voluntad de unos y de otros estaba aunada en la misma dirección: malversar dinero público, beneficiándose ellos, vulnerando sistemáticamente todas las normas de aplicación y con un claro uso, abuso y prevalencia de las funciones que las autoridades locales tenían asignadas", afirmaban.

Los socialistas reclamaban que también fuesen citados a declarar como imputados la responsable de Comunicación en el Consistorio María José Merino, su sucesora Antonia Pastrana, y el adjudicatario de los contratos Fernando López.

Los informes de la Guardia Civil incidían en la dinámica supuestamente delictiva desplegada por el Ayuntamiento de Calvià hasta el año 2011 a la hora de tramitar las contrataciones, y llegaban a considerar a Delgado "responsable" de las "conductas punibles penalmente" cuya existencia sostienen los investigadores en el marco de este procedimiento judicial.

Frente a ello, la defensa de Delgado presentó un escrito ante el Juzgado en el que consideraban "políticas" las consideraciones efectuadas por los agentes, las cuales, "aún siendo muy respetables, son ajenas a la labor instructora e indagadora de conductas delictivas con carácter objetivo".

"afán" de la guardia civil por considerar delito "cualquier anomalía"

De hecho, el letrado que representa a Delgado, Antonio Monserrat, aseveraba en su escrito que del conjunto de conclusiones efectuadas por la Guardia Civil "se destila un afán y empecinamiento encomiables para considerar cualquier anomalía administrativa -por pequeña e insignificante que sea y tenga o no relevancia en la tramitación correcta de los expedientes-, como una acción buscada de propósito para delinquir".

"Esta asepsia pretendida por los agentes de que los expedientes administrativos han de tener una perfección absoluta, 'so pena' de incurrir en delito, está reñida con la realidad del quehacer diario del funcionariado y de la práctica administrativa en general de las Administraciones públicas", aseveraba la defensa, incidiendo en que las interpretaciones del Instituto Armado sobre la contratación pública "distan mucho de las que podrían considerarse efectuadas por cualquier funcionario interviniente en la tramitación de tales expedientes".

El documento hacía hincapié en que "basta su lectura" para apreciar que las conclusiones de los informes "están plagadas de suposiciones, prejuicios y sospechas, todo ello proscrito en Derecho Penal, y que incluso denotan una cierta paranoia investigativa", ya que "de ser mínimamente cierto todo ello, implicaría la complicidad o coautoría de prácticamente toda la Administración municipal durante un periodo prolongado en el tiempo, cosa absolutamente inverosímil".

Delgado defiende que actuó con el visto bueno de los funcionarios

Mientras tanto, en enero del pasado año el abogado de Delgado presentó otro escrito en el que señalaba que éste actuó "siempre" con el visto bueno previo de los funcionarios encargados del control de la legalidad y de la ejecución de los contratos que se encuentran bajo lupa judicial.

En esta línea, alegaba que "lo único" que se infiere del análisis de los distintos expedientes de contratación investigados es que éstos "fueron correctos" y que la intervención de ambos estuvo precedida en todo momento por la aprobación de los funcionarios a la tramitación de los contratos.

Delgado dimitió como conseller el 27 de diciembre de 2013 arguyendo "motivos personales". En su intervención ante los medios, al ser preguntado sobre si la decisión se podría haber tomado raíz de las diligencias abiertas contra él por Ràdio Calvià, aseguró que no tiene "nada que ver". "A mí no me mueven estas cosas tan absurdas", llegó a espetar.

Inicio de las investigaciones

Una vez incoadas estas diligencias, la jueza instructora del caso apuntaba en uno de sus primeros autos a la existencia de "sospechas racionales" de que en la preparación y desarrollo de los contratos "se habría utilizado torcidamente el Derecho con un fin ilícito".

Según su resolución judicial, el objetivo de las irregularidades llevadas a cabo era "conseguir que la adjudicación a concretas personas predeterminadas" mientras que, además, en el marco de los procedimientos ya fraccionados "se habrían vulnerado también los criterios exigidos por la Ley con la misma espuria finalidad".