El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha anunciado que el Ejecutivo devolverá a 70.000 funcionarios en su nómina de abril un cuarto de la paga extra de diciembre de 2012 que se les suprimió por el Real Decreto del Gabinete de Mariano Rajoy.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka ha recordado que esta medida fue recogida, en su día, en los Presupuestos correspondientes a 2015 y está estimada en 50 millones de euros.

"La decisión beneficiará 70.000 personas que trabajan en la Administración Pública vasca en la actualidad o que trabajaron en ella entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del 2012. Estas personas recibirán este ingreso extra, de manera automática, a través de su nómina correspondiente al mes de abril", ha apuntado.

El Gobierno vasco recuerda que el Tribunal Constitucional tiene pendientes de resolver hasta cuatro conflictos de inconstitucionalidad relacionados con la retirada de la paga extraordinaria en diciembre de 2012 y otros recortes salariales del personal funcionario.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes las directrices que permitirán el abono, con la nómina del mes de abril, del primer cuarto de la paga extra del 2012 retirada por el Gobierno español a través del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad.

En concreto, se trata de los 44 días correspondientes a la paga extraordinaria devengada entre el 1 de julio y 31 de diciembre de 2012, una decisión que tiene un impacto presupuestario de alrededor de 50 millones de euros.

En el caso de no recibir este abono, las personas afectadas podrán solicitarlo a través del servicio de atención a la ciudadanía del Gobierno vasco, Zuzenean: teléfono 012, www.euskadi.eus o en las oficinas de las tres capitales.

Después de dos años desde que el Tribunal Constitucional se pronunciara impidiendo abonar en Euskadi la paga extra de 2012, el Gobierno vasco considera que ya ha pasado tiempo suficiente para que el alto tribunal se pronuncie, ponga fin a la inestabilidad que padecen miles de personas funcionarias y que las administraciones públicas vascas puedan operar en esta materia un terreno normativo estable.