La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, María Jesús Serrano, ha trasladado a la plataforma de británicos cuyas viviendas se han visto afectadas por la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), el "interés" para "poder solucionar la situación en la que se encuentran estas edificaciones", con lo que ha subrayado que "continúa con las actuaciones necesarias para la modificación de la LOUA" al objeto de "regularizar viviendas construidas de manera irregular en suelo no urbanizable"

La consejera, quien ha recordado que para estas viviendas ha prescrito el plazo para la restitución de la legalidad urbanística, ha mantenido un encuentro con la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN), a cuyos miembros ha asegurado que la Junta trata de dar "seguridad jurídica" a "miles de familias" que "podrán acceder a servicios básicos e inscribir sus viviendas en el registro de la propiedad, al aplicarles el régimen de asimilado al de fuera de ordenación (AFO)". Se calcula que entre 20.000 y 25.000 inmuebles podrían acogerse a esta medida.

Según Serrano, esta adaptación de la Ley se enmarca en el proceso iniciado por el Decreto 2/2012 de regularización de las edificaciones en suelo no urbanizable en Andalucía. En la actualidad hay un total de 337 localidades que ya han superado la primera fase de tramitación y que, por tanto, están en condiciones de que esta norma se haga efectiva sobre el conjunto de las diversas modalidades de construcciones o edificaciones existentes en sus territorios.

Por provincias, Almería es donde mayor número de municipios han superado ya esta primera fase (84), seguida de Málaga (47), Jaén (45), Granada (44), Sevilla (41), Huelva (30), Córdoba (28) y Cádiz (18).

La titular de Medio Ambiente también ha mostrado su apoyo a la modificación del Código Penal promovido por el PSOE para "tratar de garantizar una indemnización a los ciudadanos que de buena fe adquirieron inmuebles que están fuera del ordenamiento jurídico, de manera que puedan adquirir o alquilar otros".

Según ha indicado en una nota Serrano, con esta iniciativa se pretende "defender a los propietarios de estas viviendas declaradas fuera de ordenación que pueden sufrir la demolición de sus edificaciones sin recibir ninguna indemnización, incluso en los casos en que fueron víctimas de promotores que actuaron al margen de la legalidad".