Comisiones Obreras de Castilla y León ha asegurado que la reforma de la Ley de Montes que tramita el Gobierno supondrá falta de regulación y la privatización de lo relacionado con el sector forestal, al tiempo que ha advertido de que la limitación de las funciones del agente forestal, que deja de ser "policía judicial" o de la modificación de los posibles cambios de uso de suelo tras un incendio forestal.

Así lo han explicado este lunes el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en la Comunidad, Carlos López Inclán, y los representantes de los agentes forestales José Antonio Luengo y Ricardo Fernández.

López, tras recordar la importancia que tiene el sector forestal en la Comunidad —con una superficie de casi 5 millones de hectáreas, 1.200 empresas y 10.800 empleados relacionados con el sector—, ha incidido que frente a los acuerdos para la movilización del sector en Castilla y León "irrumpe" la reforma de la Ley de Montes, que tendrá "consecuencias trascendentales" para el futuro del sector.

En primer lugar, el sindicato advierte de que supondría que los agentes forestales dejarían de ser funcionarios y también "policías judiciales", que pasarían a ser subordinados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando hasta ahora eran colaboradores, pero además se plantea la posibilidad de que tengan que informar antes a la administración de la que dependan —en este caso la Consejería de Fomento y Medio Ambiente— antes de llevar a cabo diligencias.

Además, López Inclán ha añadido que se limitarían las competencias que hasta ahora tienen las comunidades o las entidades locales e incluso haría prescindibles los planes de ordenación para el sector forestal, por lo que pondrían en "entredicho" el futuro que se les quiera dar a los montes.

El responsable de Comisiones ha criticado que la reforma que se pretende llevar a cabo no incida en los indicadores de empleo o que, no se sabe si por "error u omisión", se habla de extinción de incendios pero "nunca" de prevención, algo "fundamental".

De la misma forma, otra de las cuestiones que el sindicato ve preocupante es que se rebajen los 30 años durante los cuales no podría recalificarse un terreno quemado incluso hasta los cero si se alegasen razones de interés general, algo que cree que hay que limitar porque no puede quedar "al albur" de las intenciones de la Administración de turno. Además, ha recordado que se puede dar mayor facilidad a estos cambios y, por lo tanto, a que se provoquen incendios con el fin de ganar terreno para pastos, por ejemplo.

Figura del agente forestal

En este contexto, José Antonio Luengo ha incidido en que la ley establecería que no es necesario ser funcionario para realizar las labores de agente forestal, lo que supone abrir la puerta a la privatización para la vigilancia y control de los montes.

Además, ha señalado que con la nueva redacción propuesta se "retoca" y se da un giro a la figura de los agentes, de manera que dependerían de las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando ahora sólo lo hacían del poder judicial a la hora de presentar pruebas por delitos medioambientales, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Luengo considera que es una pérdida de autonomía porque todas las pruebas que pueden presentar se van a ver reducidas a nada porque van a tener que ceder las investigaciones.

En este sentido, Ricardo Fernández ha rechazado las acusaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre el interés de eliminar la actuación de la Guardia Civil en el medio natural, cuando no hay "nada más lejos" de la intención del sindicato, que ha señalado que hasta ahora funcionaban bien "como colaboradores", a pesar de que eran pocos efectivos, sobre todo por los "recortes".

Por otro lado, Fernández ha señalado que la ley introduce una modificación que no existía como es el hecho de que se puedan filtrar por la Administración las diligencias que realicen los agentes forestales, algo que creen que es una ilegalidad que muchas veces se ha intentado.

Por ello, han advertido de que se tomarán medidas si la ley sale adelante con esta redacción, más aún cuando va en contra de la vigilancia del medio natural y "limita" la capacidad de investigación de delitos por parte de los agentes forestales.

El sindicato ha planteado todas estas cuestiones a las diferentes formaciones políticas, que plantearán modificaciones mediante enmiendas a la ley en su tramitación parlamentaria, excepto el PP, que sólo se comprometió a estudiarlas.