El PP ha rechazado la proposición no de ley presentada por Compromís para exigir la retirada a Sor Aurora Gallego el Premio a la Mujer Trabajadora de las Corts Valencianes e instar al Consell a retirar a la Casa Cuna Santa Isabel el Premio Valenciano a la Solidaridad y el Voluntariado, por la supuesta relación con la trama de robo de bebés. La 'popular' María José García Herrero ha argumentado que supondría "prejuzgar" el comportamiento de una persona y una entidad "sin tener la certeza de que los hechos son ciertos y están probados".

La Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat de las Corts ha acogido este debate en el que la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, ha recordado que se ha podido sustanciar esta iniciativa gracias a que el Tribunal Constitucional declaró que la Mesa de las Corts había vulnerado los derechos fundamentales por inadmitir la propuesta que se presentó en 2012.

Oltra, que ha precisado que hay al menos un caso de bebé robado "acreditado por ADN", ha explicado que la propuesta que presenta trata de valorar si Sor Aurora Gallego "es meritoria de estos premios tan importantes" que se conceden a "vidas ejemplares, y no de vidas que pueden tener una mancha". "No es si es culpable" pero Sor Aurora "no tiene una trayectoria intachable, por los años en los que dirigió un centro en los que se ha acreditado un caso de bebé robado", ha remarcado.

Asimismo, ha lamentado que la Casa Cuna cuente con un reconocimiento de la Generalitat por "su desinteresada tarea en su proyecto de apoyo familiar y social para mujeres e hijos que no tienen recursos", cuando "cierra la puerta" a las personas que solicitan documentación sobre su propio nacimiento y los datos de sus madres biológicas. En esta línea, Oltra ha reclamado también que se retiren las subvenciones que percibe esta entidad.

La diputada del PP ha apuntado que "no hay constancia de actuaciones administrativas, policiales o judiciales" relativas a las acusaciones que se han realizado sobre la casa Cuna Santa Isabel y que los hechos que refleja la iniciativa "son conocidos a través de testimonios que no han sido refrendados por juicio y sentencia". Por ello, considera que aprobar esta iniciativa será "prejuzgar el comportamiento de una persona sin tener la certeza de que los hechos son ciertos y están probados".

Además, García Herrero ha indicado que las subvenciones que recibe "no están relacionadas con el tema que denuncia" y entiende que retirarlas "implicaría hacer responsable a una entidad que en la actualidad no tiene relación alguna sobre los hechos que se denuncian y que ha ofrecido toda su colaboración para su esclarecimiento".

La causa "está viva"

Por otro lado, la socialista Modesta Salazar ha precisado que la Casa Cuna "en Cataluña ha abierto sus archivos pero aquí no lo hacen" y ha asegurado que la causa de los niños robados "está viva" porque en la Comunitat se estima que hay afectadas unas 3.000 personas. "A la hora de la verdad dan el portazo" a esta causa, le ha reprochado al PP.

La diputada de EUPV Esther López también ha incidido en el "veto" que sufrió la iniciativa por parte de la Mesa de las Corts, al tiempo que ha lamentado que esta iniciativa se debate "muy tarde, porque en 2012, cuando se presentó, tenía una máxima trascendencia mediática este asunto". Actualmente, "las víctimas siguen sin tener el respaldo de las instituciones", ha apuntado.

INMATRICULACIONES

Por otro lado, el PP también ha rechazado otra proposición no de ley para que el Consell inste al Ministerio de Justicia a facilitar una lista de las inmatriculaciones de bienes inmuebles efectuadas por el Arzobispado de Valencia desde 1998; y también que la Dirección General de Patrimonio realice las gestiones oportunas para inmatricular todos los bienes públicos sin registrar y los ponga a nombre de la Generalitat, previa consulta al ayuntamiento pertinente y formalizar el trámite para conservar el patrimonio valenciano "en poder de sus legítimos propietarios: el pueblo".

La diputada del PP Elisa Díaz ha considerado que los datos que se solicitan al Ministerio "no son de interés general". Por ello, ha instado a Compromís a que, si tienen empeño en conocerlos, que acudan a los registros de la propiedad o vayan directamente al Ministerio de Justicia.