El sindicato CIG y los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Santiago han reclamado este jueves al gobierno local que "gestione la devolución" de las subvenciones concedidas a las asociaciones vecinales de Vidán y Verdía investigadas en el caso de las facturas falsas, por las que ha sido condenado el exedil popular Juan de la Fuente.

En sendas ruedas de prensa, tanto el sindicato, parte denunciante, como los portavoces de PSOE y BNG, han analizado la sentencia del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago que, por el procedimiento de juicio rápido, condenó al exedil por haber falsificado documentos en la solicitud de estas ayudas.

En concreto, en la sentencia, aceptada por conformidad, se considera a Juan de la Fuente autor "penalmente responsable de un delito de falsedad", después de que el edil reconociese en sede judicial haber falsificado documentos para que las asociaciones de Verdía y Vidán obtuviesen en 2013 subvenciones por valor de 2.000 y 900 euros.

Además de presentar facturas por material que no llegó a adquirirse, De la Fuente —que formaba parte de la asociación de Vidán—, utilizó el nombre de otra persona para solicitar una subvención, dado que el presidente de la asociación no reconoció su firma en los documentos.

Como consecuencia de estos hechos, el juzgado condenó a Juan de la Fuente a 16 meses de prisión y multa de seis meses a razón de 10 euros diarios, en una sentencia firme. No obstante, la defensa del exedil solicitó que se conmutase la pena de cárcel por multa, por lo que fue condenado a un total de 38 meses de multa, unos 11.500 euros.

Ausencia del gobierno

En rueda de prensa, el responsable del a CIG en el Ayuntamiento de Santiago, Xabier Picón, se ha congratulado por la sentencia al tiempo que ha llamado la atención por el hecho de que el Ayuntamiento de Santiago no se presentase en ningún momento como parte perjudicada en este caso cuando "las evidencias eran tan grandes".

En este sentido, y en referencia al caso del exedil Adrián Varela, Picón ha criticado que el consistorio "no tenga reparo" en "pagar con fondos públicos la defensa de un concejal imputado", pero que "ni se persone" en un caso que afecta a la utilización fraudulenta de fondos públicos municipales. "Este gobierno tiene una forma muy peculiar de entender el interés general", ha apuntado.

Paralelamente, Picón ha criticado que el gobierno local no haya hecho todavía "ningún trámite" para "gestionar la devolución" del dinero adjudicado con la documentación falsificada y ha pedido que se den pasos en este sentido.

Funcionario apartado

Asimismo, ha mencionado la situación vivida por el funcionario Miguel Vilariño, la persona que detectó errores en las facturas aportadas por las asociaciones y que llegó a denunciar "acoso" por parte de Juan de la Fuente para que no diese la voz de alarma. En aquel momento, ha recordado la CIG, el gobierno local trató de "desacreditar" a este funcionario y llegó a sugerir que la denuncia podía tener relación con su vinculación al BNG.

"Ahora queda acreditado dónde estaba el auténtico delincuente", ha apuntado Xabier Picón, que ha reclamado que el gobierno local "pida una disculpa" a este funcionario y le "restablezca su buen nombre".

El responsable de la CIG en el ayuntamiento ha recordado que una sentencia del pasado mes de julio da la razón a Miguel Vilariño y obliga al consistorio a reponerlo en su puesto de trabajo en Relacións Veciñais, desde donde fue trasladado a la UMAD tras la denuncia por las facturas falsas.

Sin embargo, Picón ha criticado que el ayuntamiento no haya dado todavía "cumplimiento" a esta sentencia y que, a mayores, haya decidido recurrirla. "Eso no es devolverle el buen nombre a Miguel Vilariño", ha lamentado.

Acusan al gobierno de "encubrirlo"

También el portavoz local del BNG, Rubén Cela, ha comparecido en rueda de prensa para analizar esta sentencia y ha acusado al gobierno del PP de no haber denunciado por sí mismo esta situación y de "encubrirlo" una vez que se hizo público.

En este sentido, Cela ha considerado que el gobierno de Santiago fue "desde el primer momento plenamente consciente" de las irregularidades, pero que, "en vez de perseguir al culpable, cargó contra un trabajador del ayuntamiento y contra la oposición".

Rubén Cela ha recordado que el BNG local fue "el primero en pedir el cese fulminante de Juan de la Fuente" tras conocer los hechos y el impulsor de una comisión de investigación que concluyó que las facturas habían sido falsificadas y que había ocurrido una suplantación de identidad.

Al mismo tiempo, ha lamentado que las cuestiones de legalidad del ayuntamiento denunciadas por la oposición "se tengan que acabar dirimiendo en la justicia ordinaria" ante el "abuso de poder" del PP. Entre estas cuestiones ha mencionado el caso del pago de la defensa de Adrián Varela —que llevó a la inhabilitación de toda la Junta de Gobierno Local— o los cambios de secretario, interventor y jefa de Urbanismo, anulados por la justicia.

El portavoz local del BNG ha pedido además al alcalde, Agustín Hernández, que "pida disculpas públicas" tanto al funcionario Miguel Vilariño, que "fue difamado"; como "a la ciudadanía de Santiago", por "toda esta sarta de mentiras".

Asimismo, ha considerado que el PP local debería ser el que "pagase todos los gastos" derivados del proceso judicial y ha reclamado que se devuelvan las subvenciones obtenidas en este proceso.

Acción de retorno

El portavoz local del PSOE, Francisco Reyes, ha apostado por que la Junta de Gobierno de Santiago inicie un procedimiento de "acción de retorno" para que el dinero de estas subvenciones vuelva al ayuntamiento siempre que cuente con informe favorable de la asesoría jurídica.

Del mismo modo, ha reclamado también que Miguel Vilariño "retorne" a su puesto en Relacións Veciñais y ha asegurado que el funcionario "está sufriendo la situación de absoluta falta de criterio del gobierno local hacia los empleados públicos".

Según ha explicado Reyes, el PSOE de Santiago pidió en su momento al gobierno que "suspendiese las funciones" a Juan de la Fuente mientras que esclarecía su implicación en el caso, algo ante lo que "el PP no hizo caso". "Lo único que dijo es que la oposición estaba persiguiendo al gobierno", ha recordado.

"Ahora se está viendo que no es así", ha apuntado el portavoz socialista local, que ha criticado también la actitud del gobierno de Santiago "recurriendo sistemáticamente" las sentencias en su contra para "alargar" los procesos.