Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) ha denunciado ante el Instituto Cántabro de la Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) la presencia de trabajadores junto al amianto en la finca de La Carmencita, donde se prevé construir el Centro de Emprendedores y cuyas obras están paralizadas.

En un comunicado, ACPT asegura que con motivo de estos trabajos, encargados a la UTE Vías-Codelse, se ha empezado a descargar material en el interior de la finca, lo que requiere la presencia de operarios dentro del vallado perimetral.

ACPT indica que el pasado lunes detectó la presencia de estos trabajadores, realizando labores de descarga y acopio de material, por lo que ha puesto estos hechos en conocimiento del ICASST, encargado de velar por el cumplimiento de las normativas de seguridad laboral en Cantabria.

La formación asamblearia añade que este hecho se produce casi cuatro meses después de la paralización de la obra en noviembre, por los "reiterados errores" en su ejecución. Recuerda ACPT que entonces denunció ante el Ayuntamiento, el Seprona y el propio ICASST la demolición de una caseta con fibrocemento sin cumplir los protocolos de actuación contemplados, lo que motivó la apertura de dos expedientes y la paralización de las obras.

Asamblea Ciudadana por Torrelavega formó parte, junto a Equo, IU, PCPE, Podemos y vecinos del barrio de La Inmobiliaria a título individual, de la Asamblea contra el centro de Emprendedores, llevando a cabo labores de información y movilización ante una obra que, consideran, "no tiene justificación de acuerdo a ninguna necesidad ni reivindicación histórica de Torrelavega".

Esta Plataforma recogió el apoyo de 3.600 ciudadanas que manifestaron su oposición a la construcción de este centro, inicialmente presupuestado en 5,5 millones de euros y adjudicado en 2,7 millones de euros, una rebaja "temeraria" del 42% por debajo del coste base de licitación.

Tras apuntar que el Gobierno de Cantabria rechazó respaldar financieramente el proyecto, que tendrá que ser sufragado, por el Ayuntamiento, ACPT indica que los vecinos serán quienes "carguemos con los elevados costes de seguridad, equipamiento, mantenimiento y suministros de esta instalación innecesaria y sobredimensionada".