La Fiscalía ha mantenido este lunes su acusación por un presunto delito de prevaricación contra el exalcalde socialista de Úbeda (Jaén) Marcelino Sánchez, quien en su turno final de palabra en el juicio celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial jiennense se ha proclamado inocente de los cargos que se le imputan, por el que el Ministerio Público interesa una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Con esa defensa de su inocencia por parte del exregidor ha quedado visto para sentencia el juicio que durante aproximadamente tres horas se ha seguido contra Sánchez por un presunto delito de prevaricación que habría cometido al firmar en 2010 la contratación temporal de un trabajador como conductor de una máquina retroexcavadora pese a contar con informes técnicos desfavorables.

En su declaración ante el tribunal, el acusado ha argumentado que su papel como alcalde en dicha contratación se ceñía a estampar su firma a modo de "culminación" del procedimiento y en tanto que "representante legal de la empresa" contratante —en este caso el Ayuntamiento ubetense—, de modo que no participaba previamente en "ninguna fase" del proceso de selección del personal.

También ha indicado que es "prácticamente imposible" en ocasiones que los alcaldes "sepan lo que están firmando" ante la "sucesión de papeles" que pasan por sus manos para que estampen su rúbrica en los lugares indicados para ellos, sin haber leído por tanto previamente todo el procedimiento.

Además, ha defendido que era "absolutamente frecuente" en el Consistorio que se realizaran contrataciones "eventuales" con informes desfavorables si se daban "circunstancias sobrevenidas" que lo justificaran, como, en su opinión, ocurría en este caso, ya que el puesto de conductor de retroexcavadora se encontraba vacante en el momento de la contratación temporal en cuestión porque las personas que lo ejercían se habían marchado de vacaciones que habían pedido "de un día para otro", y había "necesidad de prestar de forma urgente" el servicio para acondicionar unos caminos rurales que habían resultado afectados por las inundaciones registradas en meses anteriores en la zona del Campillo de Úbeda, que habían provocado el corte de vías de esa naturaleza.

De igual modo, el exalcalde ha explicado que para cubrir dicha vacante y realizar la contratación temporal se solicitó desde el Ayuntamiento al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que enviara una relación de candidatos que pudieran ajustarse al perfil requerido, de modo que "se cumplió el requisito de dar publicidad" a la oferta, si bien los que dicho organismo envió "no cumplían los requisitos" planteados por el servicio municipal de Conservación y Mantenimiento.

Sánchez ha insistido en que la realización de contrataciones eventuales pese a contar con informes negativos es un procedimiento "habitual" del que se han dado casos en ese sentido también en el mandato de su antecesor y su sucesor en la Alcaldía ubetense, Juan Pizarro y José Robles, respectivamente, ambos del PP, sin que le conste que se hayan impugnado esos actos administrativos, y en este caso concreto él "tenía que cumplir su obligación" como regidor de "resolver el problema de la conservación de los caminos" rurales, ya que "el mantenimiento de infraestructuras es una de las competencias de un ayuntamiento, según la Ley de Bases de Régimen Local".

Así las cosas, y tras negar durante su declaración que tuviera intención de "delinquir", Sánchez también ha afirmado que no intervino para que se contratara a la persona que finalmente fue empleada. A preguntas del juez que presidía la sala, José Cáliz, ha resumido señalando que en este caso no tuvo "conciencia de que hiciera algo injusto" porque el procedimiento que se siguió "se hacía habitualmente así" y había "necesidad de arreglar" unos caminos.

"todos los informes en contra"

Tras la declaración de Sánchez ha sido interrogado como testigo el actual alcalde de Úbeda, José Robles, al que representa además la acusación particular de este caso, que él mismo "puso en conocimiento" de la Fiscalía al ser "advertido" de "una serie de irregularidades" que se podrían haber cometido con una contratación "con absolutamente todos los informes en contra".

En ese sentido, ha enumerado una serie de "incoherencias" en el procedimiento seguido que le llevaron a trasladar el asunto a la Fiscalía, como que "el responsable de los servicios técnicos decía que no se habían cumplido los principios de mérito, capacidad e igualdad" en el procedimiento de contratación, en la que "no se había hecho la selección en condiciones", de modo que no se había elegido a candidatos propuestos por el SAE que reunían el "perfil" propuesto.

Ha defendido además que los contratos "se suelen revisar" por parte del regidor, ya que "normalmente no se firma a ciegas", y además "hay que pedir informe a los técnicos" para conocer si la persona que se contrata es "idónea". También ha admitido que se pueden dar casos de contrataciones con "discrepancias" entre informes técnicos, pero ha afirmado que no conoce otro caso de contratación "con todos los informes en contra".

De igual modo, ha alegado que el conductor seleccionado no reunía la "capacidad" adecuada para desempeñar el puesto, ya que aunque había realizado un curso "no oficial" de formación para ese trabajo, "no estaba en condiciones físicas para desarrollar" el mismo por la existencia de "un montón de patologías" en su salud.

El propio trabajador ha declarado también en el juicio y ha explicado que toma 'Sintrom', si bien ello no le "impide trabajar", y "nunca se ha dado de baja" por eso en sus "25 años" como profesional, así como que conoció la posibilidad de que el Ayuntamiento tuviera que contratar a alguien para cubrir una vacante "por el boca a boca" de conocidos, lo que le llevó a entregar su currículum.

Por su parte, el jefe de servicio de Personal en la fecha de los hechos ha declarado que informó desfavorablemente de esta contratación porque no se siguió un "procedimiento de provisión" de la plaza, al igual que el secretario del Ayuntamiento por entonces, que también consideró que "no concurrían los requisitos de forma" para la realización de la contratación.

Por último, el jefe de servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento en ese momento ha explicado que para este tipo de contrataciones "la primera opción siempre es el SAE", si bien si dicho organismo "no da la respuesta" adecuada "a veces se tomaba alguna otra determinación" en función de la "urgencia" que hubiera.

Acusaciones mantienen los cargos

Al final del juicio, tanto la Fiscalía como la acusación particular han elevado a definitivas sus conclusiones, que le llevan a atribuir a Sánchez un supuesto delito de prevaricación por el que interesan una pena de nueve y siete años de inhabilitación para cargo público, respectivamente.

Así, el fiscal entiende "acreditado" que el acusado "firmó a sabiendas un decreto de contratación" de una persona que "no reunía los requisitos", con lo que "contravenía" el procedimiento regulado en la Ley de Bases de Régimen Local, por lo que dictó una "resolución contraria a derecho". La acusación particular ha añadido además que la contratación se hizo "en perjuicio de los candidatos propuestos por el SAE", que cumplían "el perfil establecido por el propio Ayuntamiento".

En cambio, la defensa ha interesado la libre absolución para su cliente porque "no hay pruebas" de que haya incurrido en el ilícito de prevaricación. Ha admitido una "irregularidad administrativa" al no haberse seguido el procedimiento de la Ley de Bases, pero ha argumentado que había "razones de necesidad urgente" para ello y "no toda contravención de una normativa" permite "hablar de prevaricación". Además, ha enfatizado que la contratación realizada fue "temporal" y sirvió para que se prestara el servicio necesitado.