El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha tachado este viernes de "lamentable" el estado de la justicia en España y en Andalucía y lo ha atribuido a la "inactividad" de "todas" las administraciones "durante muchos años".

En un coloquio celebrado en Sevilla en el marco de los Desayunos Informativos del Grupo Joly, De Llera ha aseverado que "tenemos una justicia realmente lamentable, excesivamente lenta, muy deteriorada, insatisfactoria e insuficiente".

A su juicio, "las razones de este deterioro están plenamente identificadas, pues todos sabemos qué está fallando", añadiendo que "esos males deben ser resueltos por el Gobierno, por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y por las comunidades autónomas con competencia" en materia de justicia.

Al hilo de ello, el consejero ha opinado que "los grandes males estructurales debe resolverlos el Gobierno", y en este sentido ha citado "la falta de jueces y fiscales en toda España" o la estructura "obsoleta y compartimentada" de los órganos judiciales, más propia "del siglo XIX".

Creación de órganos judiciales "por clonación"

"El modelo de creación de órganos judiciales por clonación ya no vale", ha subrayado Emilio de Llera, quien ha apostado por los tribunales de instancia y ha afirmado que la actual instrucción judicial "carece de todo sentido", pues los jueces se limitan a "santificar" lo que dice la Policía.

También ha aludido a un "último problema", como es la "alta litigiosidad" existente en los tribunales españoles y andaluces, punto en el que ha aseverado que los juzgados de lo Mercantil y de lo Social están "totalmente colapsados", pues además estos últimos están señalando vistas por despidos para el año 2019.

El consejero ha sido especialmente crítico con el Gobierno central y ha aseverado que "esta legislatura ha sido perdida para la justicia, porque las reformas han sido de tipo ideológico pero no han intentado poner remedio a esos males". "El Ministerio de Justicia no ha hecho nada en esta legislatura", ha incidido.

Tras calificar como "irrisoria" la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, De Llera ha puesto de manifiesto que el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, está tratando de "maquillar" las reformas "brutales" planteadas por su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz Gallardón, "que para vergüenza de los fiscales es fiscal de carrera".

La prisión permanente revisable "es una cadena perpetua"

Sobre la prisión permanente revisable, el consejero ha dicho que "es una cadena perpetua" y ha recordado que en España "una persona puede cumplir hasta 40 años de cárcel", añadiendo que "tal y como está planteada es contraria a la Constitución".

Ha precisado, en este sentido, que esta medida "tiene un control y unos plazos obligados de revisión" en determinados países europeos, pero "tal y como se regula en el proyecto conocido de Código Penal no hay control de los plazos de revisión y se revisa cuando le de la gana a la administración penitenciaria", lo cual "genera unos campos de inseguridad jurídica insoportables para ningún ciudadano".

Asimismo, y sobre la reforma de la ley del aborto del Gobierno, el consejero ha puesto de manifiesto que, "si para someterse a una intervención quirúrgica extracorpórea, una persona de 16 años puede dar su consentimiento, para abortar, que es mucho más simple, también".

"No hubiera tocado nada" de la ley del aborto aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero, ha subrayado Emilio de Llera, quien ha añadido que el hecho de que las menores tengan que contar con el consentimiento de los padres para abortar "no plantea ningún problema en familias normales, pero hay familias desestructuradas donde los padres tratan a sus hijos con dureza extrema, y eso puede generar nuevas víctimas en chicas jóvenes de 16 años que quieran abortar y no cuenten con consentimiento de sus padres, y lo que es peor con su reproche y hasta la actuación física".

Por último, De Llera también se ha referido a la fórmula de nombramiento del fiscal general del Estado y ha afirmado que le "gustaría más" que fuera designado por el Parlamento porque "tendría más garantías" así y se acabaría con la "desconfianza" que suscita su nombramiento. "Si yo llegase a ser ministro de Justicia, jamás nombraría a un fiscal general de Izquierda Unidad", ha bromeado.