Diputación muestra "máxima colaboración" con justicia y dice que ha hecho "todo el trabajo de una manera pulcra"

El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Huelva, José Martín, ha mostrado este viernes, por parte de los trabajadores de la Diputación y por la propia institución, "máxima colaboración" con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para facilitar toda la documentación que se requiera, tras el registro que ha iniciado la Guardia Civil este viernes en la sede la Diputación y en el Servicio Estatal Público de Empleo, a raíz de una denuncia interpuesta por dos particulares relacionada con subvenciones supuestamente ilegales sobre el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en la Entidad Local Autónoma (ELA) de Tharsis, perteneciente al municipio de Alosno.
El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Huelva, José Martín.
El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Huelva, José Martín.
EUROPA PRESS
El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Huelva, José Martín.

El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Huelva, José Martín, ha mostrado este viernes, por parte de los trabajadores de la Diputación y por la propia institución, "máxima colaboración" con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para facilitar toda la documentación que se requiera, tras el registro que ha iniciado la Guardia Civil este viernes en la sede la Diputación y en el Servicio Estatal Público de Empleo, a raíz de una denuncia interpuesta por dos particulares relacionada con subvenciones supuestamente ilegales sobre el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en la Entidad Local Autónoma (ELA) de Tharsis, perteneciente al municipio de Alosno.

En declaraciones a los periodistas en la puerta de la Diputación, donde el registro continúa desde antes de las 8,00 horas, José Martín (PSOE) ha remarcado que la Diputación "ha realizado todo el trabajo conforme a norma y de una manera pulcra".

Martín ha precisado que esta mañana se han vivido "momentos de cierta tensión", lo que le ha parecido "tal vez un exceso porque Diputación como institución jamás va a tener ninguna dificultad a la hora de poner a disposición cualquier documentación", no obstante asegura que "a quien le toca valorar esto es al juez".

A su vez, preguntado por si están registrando los agentes de la Policía Judicial expedientes de otros municipios, Martín ha precisado que, "en todo caso, se estará llevando a cabo una especie de test para ver el procedimiento no porque haya ninguna sospecha de irregularidades concretas".

"Por lo que sabemos, y gracias al comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), lo que hoy se está haciendo es un registro. La Guardia Civil está solicitando una información relativa a una denuncia que se formuló sobre Tharsis, en relación a la gestión del PFEA", ha señalado Martín, quien ha precisado que "no es un programa directo de la Diputación" remarcando a su vez que, "por lo que respecta a Diputación, no hay ningún otro problema".

El portavoz del equipo de gobierno ha asegurado que se está investigando el departamento relacionado con la gestión del PFEA, Intervención y Personal, y ha insistido en que "por el momento no han habido detenciones ni se espera que las haya".

Por su parte, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, el Juzgado de Instrucción número 2 de Valverde del Camino ha ordenado este viernes entradas y registro en ambas sedes en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en ayudas y subvenciones públicas.

La investigación que lleva a cabo la Policía Judicial por orden judicial se inició hace aproximadamente un año a raíz de una denuncia de dos ciudadanos particulares sobre contrataciones de un trabajador y de materiales de construcción en el citado municipio onubense.

Secreto de sumario

La investigación judicial, que se encuentra bajo secreto de sumario, trata de determinar si se han podido llevar a cabo contrataciones de forma irregular con cargo a ayudas y subvenciones públicas y si éstas se han podido destinar a fines distintos.

Los registros llevados a cabo este viernes tienen por objeto la aprehensión de documentación y de los elementos necesarios para calibrar el alcance del presunto fraude. Las diligencias judiciales se han incoado por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y desvío de subvenciones.

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