Los sindicatos CTA y UGT han criticado este jueves que "la actuación de los administradores concursales de Laboratorios Pérez Giménez está llegando ya a la provocación de los trabajadores, aplazando e incumpliendo, cada vez más, la entrega de las certificados para que puedan solicitar y cobrar nóminas e indemnizaciones del Fogasa".

En un comunicado conjunto, ambos sindicatos han afirmado que "las estrategias concursales, aplazando reiteradamente la documentación para los cobros de los trabajadores, comenzaron en el periodo de consultas del ERE de extinción, donde ya presentó la Administración Concursal a los representantes de los trabajadores la documentación incorrecta".

De hecho, según han recordado los sindicatos, se acordó "el 15 de diciembre del pasado año, en el acta de acuerdo y finalización" del citado periodo de consultas de ERE, la "rectificación en una semana" de la documentación errónea, "y se llegó a dictar el auto de dicho ERE", el 8 de enero de 2015, "sin la presentación de la rectificación", hecho que "se comunicó al juez de lo Mercantil por los representantes de los trabajadores".

Esta situación, según han asegurado desde CTA y UGT, está llevando a "la desesperación a los trabajadores, al no poder acceder aún a la solicitud de sus cobros", y ello después de que, "en reiterados comunicados de la Administración Concursal a los trabajadores", en los días 1 y 14 de enero y 16 de febrero de la AC, fijaba "nuevas fechas" para la entrega de la documentación correcta, pero lo "siguen aplazando, y en consecuencia los trabajadores llevan ya esperando los datos económicos 65 días, más de dos meses".

No en los sindicatos CTA y UGT "esta actuación de la Administración Concursal de alargar los plazos, salvo que, primero, sea para cobrar ellos más, y segundo, para seguir haciendo daño y provocando a los trabajadores y a sus familias".

A juicio de los sindicatos, ello se debe a la "desidia y dejadez para realizar los certificados" de los cinco administradores concursales, "Francisco Estepa Domínguez, Jorge Castro García, Javier Bernabéu Aguilera, Julio del Valle y Francisco Amorós, todos ellos con despachos profesionales", pero no han sido "capaces de elaborar" los certificados "hasta ahora", logrando así que "la miseria llegase a las personas" y "además consintiéndolo un juzgado".