La Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno de España una mayor "claridad y transparencia" sobre la finalidad del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), al que las empresas comercializadoras de gas y electricidad, operadores de productores petrolíferos y de gas licuado del petróleo al por mayor, realizan una contribución financiera por sus ventas anuales de energía, y cuyo destino deben ser inversiones en eficiencia y ahorro que reduzcan el consumo energético en edificación, transporte, industria, servicios y sector agrícola.

También insta a que se recupere el diálogo y se vuelva a contar con las comunidades autónomas para la consecución de los objetivos de ahorro energético establecidos por la Comisión Europea para España, garantizando un "reparto equitativo y coherente" entre los territorios.

Así lo ha hecho en el documento remitido esta semana por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en el que la Junta ha planteado sus observaciones a través del correspondiente trámite de audiencia habilitado para la propuesta de 'Orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2015'.

La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, obliga en su artículo 7 a los estados miembros a un cumplimiento de ahorro energético mínimo durante el período 2014-2020, que para el caso de España es de 15.979 ktep de ahorro acumulado en todo el periodo.

Para cumplir con este objetivo de ahorro energético, el Gobierno de España elaboró la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, mediante el que se articula la creación de un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética —gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE)—, según el cual se asigna a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos petrolíferos al por mayor, y a los operadores de gases licuados de petróleo, una cuota anual de ahorro energético de ámbito nacional, denominada "obligaciones de ahorro", con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.

Estas obligaciones se traducen en que estas empresas, para alcanzar su objetivo de ahorro energético, deben contribuir al Fondo Nacional de Eficiencia Energética por el importe resultante de multiplicar su obligación de ahorro anual por la equivalencia financiera que se establezca, y/o realizar actuaciones directas de mejora de la eficiencia energética, acreditadas con el correspondiente Certificado de Ahorro Energético (CAE), equivalentes a dicha cuantía, que todavía no ha sido puesto en marcha por el Gobierno Central, por lo que ni siguiera resulta una alternativa para estas empresas.

Para el año 2015, el Estado ha establecido un objetivo de ahorro agregado de 262 ktep/3.046,51 GWh, y ha determinado la equivalencia financiera por unidad de ahorro en 789,7 euros/tep. Por tanto, la inversión financiera total que corresponde a 2015 es de 207 millones de euros que, con los ajustes de 2014, asciende a 255 millones de euros.

En Andalucía, esto se traduciría, según primeras estimaciones, en que las comercializadoras que operan en la región deben contribuir, en lo que respecta a sus ventas en Andalucía, con 36,3 millones de euros y 46,1 ktep a este fondo.

La Junta de Andalucía solicita al Gobierno que "se vincule claramente esta contribución con el cumplimiento del objetivo vinculante de ahorro de energía final a 2020 (15.979 ktep para toda España)". Así, pide una mayor claridad y transparencia sobre su finalidad, indicando las medidas específicas que se desarrollarán con esta contribución y donde se garantice un reparto equitativo y coherente entre los territorios.

En este sentido, la Junta requiere que se indiquen cuáles son los criterios de distribución territorial de la aplicación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2015, así como su impacto en términos energético y medioambiental, económico, territorial y sectorial. Alega la Junta que si las ventas de energía de las empresas con obligación son el criterio para dotar económicamente el Fondo, el peso de las mismas en cada comunidad autónoma tendría que tenerse en cuenta en el reparto territorial, entre otros criterios, contribuyendo así una asignación equilibrada del fondo.

Cumplir con la directiva comunitaria

Otro de los aspectos que reclama Andalucía es la necesidad de cumplir con la Directiva europea en relación con el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) que, aun siendo un mecanismo prioritario frente al Fondo para que las empresas puedan dar cumplimiento a sus obligaciones de ahorro, mediante la promoción directa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética, todavía no ha sido puesto en marcha por el Gobierno central.

Andalucía considera que, al no dar alternativas a las empresas, al estar ya obligadas a realizar una aportación financiera obligatoria, se limita la competencia en el mercado de la energía, porque las empresas no pueden diferenciar su producto aportando servicios energéticos complementarios, y no sólo a aquéllos consumidores a los que venden energía, sino a todos los consumidores finales.

Por último, la Junta de Andalucía vuelve a pedir al Gobierno que considere la participación de las comunidades autónomas tanto en el reparto y coordinación de actuaciones, como de los fondos (Fondo Nacional de Eficiencia Energética o Feder, entre otros), ya que en su territorio y sobre sus ciudadanos y empresas se llevan a cabo las actuaciones de comercialización y operaciones de venta al por mayor de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo.

También recuerda, y así lo ha reconocido el propio Gobierno central en su Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética 2014-2020, que la participación de las Comunidades Autónomas en la ejecución de los anteriores planes de ahorro entre los años 2010 a 2013 fue mucho más fructífera que cuando cesó dicha colaboración, obteniéndose el 70 por ciento del ahorro de energía primaria en todo el periodo, frente al 30 por ciento restante alcanzado por el IDAE sin la participación de las Comunidades Autónomas.