Los administradores concursales de la promotora Aifos, que entró en fase de liquidación el pasado mes de octubre, han presentado su plan para liquidar la empresa ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, que ha tramitado todo el concurso de acreedores, y que ha dado a las partes un plazo para plantear las observaciones y modificaciones al documento que consideren oportunas.

En el documento del plan de liquidación, que consta de unas 50 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, los administradores concursales señalan que, tras abrirse la fase de liquidación, se han visto "obligados a promover el correspondiente expediente de regulación de empleo extintivo que afecta a la totalidad de la plantilla".

Esto se debe a "la imposibilidad de garantizar el pago puntual de las nóminas". Asimismo, señala la "insuficiencia" de tesorería que tiene la empresa, "que no le permite atender puntualmente el pago de créditos contra la masa impostergables, como son las deudas tributarias y las nóminas del personal laboral adscrito"; y apunta que no se puede llevar a cabo una venta unitaria de todos los activos.

Así, la administración concursal asegura en el documento que la actividad de los responsables de la empresa durante los más de cinco años de tramitación del concurso "se ha desviado de lo que resulta su objeto social, centrándose en objetivos muy diferentes, como es la preparación de los procedimientos judiciales y la captación infructuosa de adhesiones a su propuesta de convenio".

"Su verdadero objeto social ha quedado apartado a un mero elemento residual de muy difícil recuperación", han indicado en el documento de liquidación, en el que se señala que una de las consecuencias de ello es que "la posibilidad de terminación de las promociones en curso o incluso el acondicionamiento de las ya terminadas se ha visto paralizada".

En este sentido, se precisa que el "reiterado enfrentamiento" de la empresa con las entidades de crédito que financiaban esas promociones y con sus propios clientes, debido a los "sucesivos" retrasos en la entrega de las viviendas, ha provocado "el desinterés más absoluto en el cumplimiento" de los contratos de compraventa". También alude al "desprestigio" de la marca Aifos.

CONTENIDO

La administración concursal expone en su plan los bienes y derechos que existen y los sistemas para llegar a liquidarlos, en distintas fases, como la venta directa, los procedimientos de venta asistidos por otras empresas especializadas, dación en pago o la subasta notarial. Asimismo, recuerda lo que establece la ley en cuanto a los pagos a realizar con el dinero que se obtenga.

Sobre los contratos de compraventa de viviendas, se apunta que una de las "más significativas incidencias" durante la tramitación del concurso ha sido "la situación de indefinición absoluta en la que se han encontrado un gran número de compradores que ni pudieron ver cumplidas sus expectativas de adquirir una vivienda en el plazo pactado ni tampoco el cumplimiento de los contratos".

Asimismo, los administradores concursales señalan que muchos de estos compradores "tampoco, ya como acreedores", pudieron ejercitar plenos derechos en el concurso, ya que sus créditos estaban clasificados como contingente.

En este sentido, propone que la aprobación del plan de liquidación "suponga la definición de todas estas situaciones mediante una resolución universal de todos los contratos de compraventa suscritos con la concursada", dando un plazo de tres meses para que los compradores que estén interesados en adquirir la vivienda informen de ello, pudiendo novar el precio o hacer una permuta con otro inmueble.

Se añade que si a raíz de las negociaciones con las entidades se pudiera repercutir una minoración de los precios pactados, en el momento de formalizarse los contratos del compraventa "deberá producirse una quita de al menos un 50 por ciento del crédito correspondiente a las cantidades inicialmente entregadas a cuenta", para "compensar el beneficio al resto de acreedores ordinarios.

Según los administradores concursales, la resolución universal de los contratos supone la confirmación del crédito, en el caso de que los acreedores estuvieran identificados en las listas existentes; y el reconocimiento del crédito por el importe de las cantidades entregadas, en los casos en los que éstos no estuvieran incluidos en las listas.

Otros planteamientos

En el plan de liquidación se precisa que la administración concursal "priorizará" la terminación de las obras de determinadas promociones de viviendas que se encuentran avanzadas. Asimismo, analiza la situación en la que se encuentran diversos suelos propiedad de Aifos en distintas provincias españolas, principalmente andaluzas.

Sobre las inversiones inmobiliarias, partida compuesta por los activos inmobiliarios que tiene en los complejos hoteleros de Guadalpín Banús y Guadalpín Marbella, ubicados en dicha localidad malagueña; la administración concursal se remite a la propuesta ya planteada de la adquisición de los activos o de dación en pago, según el caso.

Asimismo, la administración concursal plantea propuestas para los bienes de la compañía, como son el mobiliario, alguno instalado en los apartamentos o establecimientos hoteleros como el Guadalpin Banús, en Marbella (Málaga); los vehículos, utillaje y otras instalaciones. También propone la transmisión de las participaciones en otras sociedades del grupo no concursadas.

Los compradores

El letrado Carlos Cómitre, que representa a un grupo de compradores de viviendas, ha indicado que en una primera lectura del documento "se echa en falta un reconocimiento de la necesidad de encontrar una vía que permitiera a las familias, miles de afectados, recuperar algo de su dinero, pues lamentablemente el sistema concursal perjudica los intereses de los particulares afectados".

Ha indicado que aunque se abre el plazo para presentar alegaciones a este plan, "todavía están pendientes de resolución los recursos interpuestos por la empresa y por los particulares afectados sobre el desarrollo de la fase final del concurso que llevó a la desestimación de un plan alternativo que hubiera dado esperanza a los pequeños acreedores".

Asimismo, añade, en un comunicado, que "nada se dice" en el plan de liquidación, "acerca de que durante estos cinco años de concurso hubo una administración concursal que debió supervisar la labor de la concursada si veía que sus actos perjudicaban a los acreedores". Además, ha lamentado que "serán los bancos los que probablemente tengan el poder de decisión" en cuanto a las ventas.