El juicio al exelectricista de la Catedral José Manuel Fernández Castiñeiras, acusado del robo de correspondencia a sus vecinos de O Milladoiro (Ames), ha quedado este viernes visto para sentencia, después de que las partes hayan leído sus conclusiones en las que fiscal y acusación particular mantienen su petición de penas —que acumuladas son entre 243 y 885 años de prisión, respectivamente, aunque en la práctica se quedan entre cuatro años y medio y nueve años como máximo—; mientras que la defensa del acusado ha pedido "la libre absolución con todos los pronunciamientos favorables".

Así, el fiscal, Antonio Roma, apunta que la clave en este juicio es que "la acción es el apoderamiento" —aparecieron en inmuebles de propiedad de Castiñeiras entre 500 y 600 cartas—, y cree que "no tiene trascendencia" que el acusado encontrase supuestamente las cartas sueltas o las sacase de los buzones, así como que las abriese o no.

Sobre la declaración "contradictoria" del acusado entre lo que ha asegurado esta semana al ser juzgado de que "nunca" robó cartas con lo que reconoció ante el juez de instrucción, la Fiscalía aprecia una "prueba de cargo" lo admitido ante el juez José Antonio Vázquez Taín.

Respecto a las quejas del acusado sobre el modo en el que se produjo la firma de su declaración ante el juez instructor —Castiñeiras asegura que estaba "aturdido" y que en ese momento firmaría hasta su "sentencia de muerte"— Roma ha sido tajante en sus conclusiones: "El problema no es lo que firma, sino lo que manifiesta".

En esta línea, el fiscal ha dejado claro que para el caso han quedado "excluidas" todas aquellas cartas en las que no ha podido localizarse a sus destinatarios, a la vez que tampoco se cuenta con aquellas que exceden el marco temporal de 5 años, por estar prescrito el delito.

"inadmisibles" insinuaciones hacia la policía

Durante su toma de la palabra, el fiscal se ha referido a la declaración del jueves de Castiñeiras ante la jueza en la que insinuó que la Policía pudo haber puesto las cartas en su domicilio —durante la instalación de micrófonos a raíz de la desaparición del Códice— para criticar lo que considera "un acto de difamación", que ve "inadmisible".

También se ha referido a esto el abogado de los vecinos —a la salida de los juzgados en declaraciones a los medios— que señala que "el hecho de atribuirle ese apoderamiento a la Policía carece de todo fundamento".

Sin embargo, previamente, en sus conclusiones, la abogada de Castiñeiras ha incidido en que es un dato "objetivo" que "más gente tiene acceso a su casa".

Quería saber "lo que ganaban" sus vecinos

Así las cosas, el fiscal se ha referido a la importancia del correo recuperado, en el que se encuentran, desde información sobre cuentas bancarias hasta informe médicos. Por ello, remarca que Castiñeiras "lo que quería saber" es "lo que ganaban" sus vecinos.

Había, a su juicio, "voluntad expresa" del exelectricista de la Catedral y también acusado del robo del Códice "de conocer aquella capacidad económica que generaban" sus vecinos de edificio.

Respecto a las apreciaciones del perito de parte de la defensa, la Fiscalía señala que sus conclusiones "varían" respecto al trastorno obsesivo-compulsivo, y cree de "poco alcance" lo observado por este psicólogo, ya que ni siquiera ha consultado información médica del sujeto. A esto se une que el acusado se negó a ser examinado por el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).

Sobre los testigos de la defensa que refirieron que el padre de Castiñeiras tenía obsesión por acumular cosas, el fiscal considera "intrascendente" que "unas personas antecesoras" padeciesen esta cuestión, ya que ni el psicólogo de parte "ha venido a decir que son hereditarias".

Junto a esto, ha hecho hincapié en que "una cosa es el síndrome de Diógenes" de acumular cosas sin valor y otra actuar de una forma "ilícita". En resumen, no considera que haya que rebajar su petición de pena que llega a los cuatro años y medio de cárcel como máximo.

"no cabe duda de que es el autor"

Asimismo, la acusación particular sostiene que "no cabe duda de que él (Castiñeiras) es el autor de estas sustracciones reiteradas" y también mantiene la petición de pena, en su caso, como máximo de nueve años de cárcel.

También considera "intrascendente" el abogado de la acusación particular que las cartas estuviesen en el buzón o no, porque se "prioriza" el acaparamiento, aunque ha hecho referencia a que Castiñeiras debió usar "algún artefacto" para abrir los buzones.

A renglón seguido, ha sostenido que el acusado "actuó de recóndito", "a hora intempestivas", cuando "nadie le vigilaba" para robar las cartas, a la vez que "nunca dio muestras ni deseo de devolverlas". Y es que asegura que buscaba "hacer daño moral y económico".

"No se trata de un afán acumulador, sino de un afán disfrutador", valora la acusación particular sobre la forma de actuar del enjuiciado, ya que le acusa de un comportamiento "reiterado" para abrir cartas y conocer datos personales de sus vecinos.

En lo tocante a las indemnizaciones, la acusación particular discierne del fiscal, puesto que además de 1.000 euros por cabeza por daño moral para cada vecino, pide que se sumen 100 euros por cada carta, puesto que "no es lo mismo" quien padeció el robo de 68 misivas que de una.

"no hay pruebas de cargo"

Por su parte, la abogada de la defensa, Carmen Ventoso, asegura que "no existió el dolo" y "el ánimo de descubrir los secretos" de los vecinos "no se ha probado", ya que no aprecia "nada" que demuestre que "Castiñeiras tenía la intención de conocer el contenido", sin que se sepa, a su parecer, si las cartas fueron abiertas por él.

Sobre este extremo, subraya que no se puede hacer una "presunción contra reo", pues ni la Policía "sabe" cuántas estaban abiertas y, "de las abiertas, ¿cuáles tenían relevancia penal?". "¡Cómo va a tener ánimo de descubrir secretos quien ni abre las cartas!", apostilla. También destaca que ningún vecino sospechó de Castiñeiras.

Asimismo, apunta a "una ausencia de tipicidad", ya que "tener una carta de un vecino no es un delito". Por todo ello, la abogada de la defensa señala "una ausencia de prueba de cargo total y absoluta" y pide la "libre absolución" del acusado por no poderse demostrar "la apropiación de cargo".

La defensa sostiene que no confesó ante el juez instructor

En esta jornada, que se ha despachado con los informes de las partes y la lectura de las conclusiones en poco menos de una hora, la defensa ha hecho hincapié en que el acusado "negó" en sede judicial "haber cogido ninguna carta", si no que sólo "por curiosidad" las miraba en el tablón de anuncios.

De hecho, Carmen Ventoso sostiene que Castiñeiras "nunca reconoció ni al juez instructor, ni a la Policía haber cogido ninguna carta". Así, ha relatado cómo el juez instructor no le enseñó "ninguna carta" y, de hecho, estas no llegaron a sede judicial hasta después de que tomase declaración al acusado.

Por ello, la abogada afirma que su cliente ha "aclarado" durante este juicio "cualquier duda o atisbo de declaración, que no confesión ante el juez".

Apretón de manos para acabar

Durante este juicio la abogada defensora y el abogado de la acusación particular se han reprochado mutuamente "excesos" en su forma de proceder.

De hecho, Carmen Ventoso le ha recordado al abogado de los vecinos lo acontecido el jueves, cuando el abogado confundió una palabra que había expresado Castiñeiras, y el acusado tuvo que hacerle saber que se refería a las "¡actas!" y no a las cartas.

Sin embargo, una vez que el caso ha quedado visto para sentencia este viernes ambos abogados se han acercado uno al otro para darse un apretón de manos entre compañeros.