El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una nueva ley que busca aumentar la confianza en el trabajo de los auditores y limita a diez años el contrato por el que estos profesionales podrán supervisar las cuentas de bancos, aseguradoras o cualquier empresa cotizada, incluidas las pequeñas.

Además, según recogía el anteproyecto de la ley de auditoría, este límite temporal también se aplicará a los auditores de otras entidades consideradas de interés público, como instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones y sociedades recíprocas.

Transcurrido este plazo de diez años, y si se celebra un concurso público, el mismo auditor podrá seguir cuatro años más, siempre que entre otro nuevo y se realice una auditoría conjunta para validar el trabajo llevado a cabo hasta la fecha.

Ahí no quedan las novedades de esta nueva ley, que fija también topes a los honorarios que reciben las auditoras y ha generado malestar entre este colectivo, que en los últimos meses criticó la rapidez con la que el Gobierno abordaba el asunto.

España tenía de plazo hasta el 17 de junio de 2016 para trasponer la directiva comunitaria sobre esta materia a la normativa española, un tiempo que los auditores pensaban que debía aprovecharse "para no cometer errores".

Aún así, tras algunos casos sonados como la relación entre Bankia con su exauditora Deloitte, el escándalo de Pescanova tras ocultar una contabilidad paralela a la firma BDO, y el fiasco de Gowex, con unas cuentas falsas validadas por la firma M&A, el Ejecutivo ha decidido fijar desde ya las nuevas reglas del juego.

Por otro lado, la vicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se centrará en el debate del estado de la nación en subrayar la mejora de la economía y en que "la situación es muy distinta" a la de hace tres años, y explicará las líneas maestras de lo que queda por hacer hasta el final de la legislatura.

El Consejo de Ministros ha acordado remitir la comunicación del Gobierno al Congreso para la celebración del debate, que tendrá lugar el 24 y 25 de febrero.

Según ha recordado Sáenz de Santamaría, éste será el tercer y último debate de la legislatura, y por tanto el Ejecutivo hará balance de los resultados económicos y de las reformas acometidas.

La comunicación del Ejecutivo subraya que "no cabe obviar que la situación" económica en estos momentos es "muy distinta" a la que se encontró el Gobierno hace tres años y España ha pasado de estar "en el foco de la incertidumbre" a encabezar el crecimiento y la creación de empleo entre las grandes economías de la zona euro.

También se pondrá énfasis en medidas aún por tomar, entre las que la vicepresidenta ha citado la "consolidación" de la creación de empleo, la agenda social y la continuación de las reformas y las medidas de regeneración.