El jefe de servicio de la Concejalía de Urbanismo de Alicante, José Luis Ortuño, ha defendido este jueves ante el juez que investiga el Plan Rabasa la legalidad de la modificación del Plan General de la ciudad que daba cobertura legal a un convenio para la implantación de un centro comercial de la multinacional sueca Ikea en ese barrio.

Ortuño ha declarado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad, Juan Carlos Cerón, durante más de dos horas como imputado por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación. A la salida, el técnico ha asegurado a los periodistas que estaba "deseando declarar" y ha expresado su confianza en la Administración de Justicia.

"Creo que esta imputación es porque estamos todavía en un momento previo del procedimiento y no ha habido un estudio profundo como requiere el expediente administrativo. El derecho urbanístico es muy específico y muy especializado. Mantengo la legalidad de todo lo que he firmado", ha precisado. Además, ha añadido que lo está "pasando fatal" tanto a nivel personal como en su puesto de trabajo porque está siendo "condenando antes de que lo haga el juez".

Ortuño debía declarar en principio como testigo en esta causa, una de las piezas en las que se desgajó el 'caso Brugal', el pasado 9 de enero, pero su interrogatorio fue suspendido a petición del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, al entender que debía ser llamado de nuevo como imputado porque pudo incurrir en los mismos delitos que se atribuyen a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo.

El juez Cerón accedió a la petición del Ministerio Público. En el auto de imputación, el magistrado recordaba que el técnico municipal había avalado el convenio entre Ikea Ibérica, el consistorio y la empresa del también imputado Enrique Ortiz Viviendas Sociales del Mediterráneo "en contra de lo resuelto" por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Su Sala de lo Contencioso-Administrativo había suspendido cautelarmente el Plan Parcial de las Lagunas de Rabasa en diciembre de 2009. Sin embargo, el Pleno del Ayuntamiento aprobó someter a exposición pública el convenio antes citado, que se encuadraba en ese sector, el 29 de enero de 2010.

CLÁUSULA

Ortuño introdujo en la propuesta una "cláusula que tiene en cuenta las medidas suspensivas" del auto del TSJCV, pero "posibilita seguir en contra de lo resuelto" por ese órgano, según Cerón, lo que podría constituir un delito de prevaricación. Dicha cláusula "se pudo acordar en una reunión el día 21 de diciembre (de 2009) en la que estaría presente" el imputado, quien "habría dejado su aprobación definitiva a que lo autorizara Sonia Castedo", de acuerdo con un informe policial.

El técnico "no ha desmentido las conversaciones" telefónicas intervenidas por la Policía, según ha explicado este jueves al término del interrogatorio el abogado de la acusación particular que ejerce EU, José Luis Romero, y "ha sido contundente en la legalidad de su actuación".

El jefe de servicio de Urbanismo ha negado haber recibido órdenes, indicaciones o presiones por parte de la exalcaldesa. Por el contrario, Ortuño ha repetido ante el juez los mismos argumentos expuestos por Castedo en su comparecencia del pasado 16 de enero, según Romero. La exalcaldesa alegó entonces que el auto del TSJ no afectaba a actos de "planeamiento" como el convenio de Ikea, el cual no guardaba relación con la "ejecución del Plan Rabasa".

La acusación particular de EU discrepa de esa afirmación y sostiene que el tribunal autonómico no suspendía "la ejecución, sino el acuerdo de aprobación del Plan Parcial Lagunas de Rabasa". El letrado de esta parte ha lamentado por último que el encausado se haya negado a responder a sus preguntas y a las de la acusación particular del PSPV-PSOE lo que ha provocado a su juicio que quedaran "muchas cosas en el tintero".

ANOMALÍA

Antes del interrogatorio del jefe de servicio de Urbanismo, ha prestado declaración una testigo, Ester Valls, que estaba adscrita a la dirección territorial de Alicante de la antigua Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Esta funcionaria ha confirmado que constató una anomalía que impedía aprobar el Plan Rabasa, concretamente la falta de un estudio sobre el ruido que generaría la construcción de las viviendas proyectadas en dicho barrio.

Ha relatado que el director general de Carreteras del Ministerio de Fomento, Francisco Javier Criado, había estipulado que ese informe de "servidumbres acústicas" debía constar en el planeamiento antes de su aprobación. Pero un escrito posterior de otro técnico de Fomento, el jefe de la Unidad de Carreteras de Alicante, Enrique Peiró, estableció que no era necesario y que la deficiencia podía subsanarse incorporando dicho estudio sonoro en el proyecto de urbanización.

Según el abogado de EU, Valls ha negado haber recibido presiones por parte de sus superiores o del empresario Enrique Ortiz para que diera su visto bueno al Plan Rabasa tal y como lo había aprobado el Pleno del Ayuntamiento en diciembre de 2008. Asimismo, la técnica ha asegurado que finalmente decidió obviar la falta del estudio acústico y seguir con la tramitación del plan porque la administración competente, esto es Fomento, no veía problema alguno en ello.