La Comisión Ejecutiva Regional de UGT ha anunciado este jueves que interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo que en enero confirmó otra del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declarando nulo el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que la organización sindical ejecutó a finales del año 2012 y que afectó a 57 trabajadores, a los que se le suspendió su contrato de trabajo durante un tiempo determinado.

En una nota de prensa, UGT-A ha mostrado su "respeto" al pronunciamiento judicial, pero ha defendido la interposición del recurso de amparo al considerar que las dos sentencias vulneran el artículo 24.1 de la Constitución Española, en tanto que esos pronunciamientos podrían resultar "incongruentes e inmotivados".

La organización sindical señala que el Supremo, "a pesar de haber declarado la nulidad del expediente, ha acogido gran parte de los motivos de recurso" que esta parte esgrimió frente a la sentencia del tribunal andaluz "confirmando que el expediente cumplió con todas las formalidades legales y se facilitó a la representación de los trabajadores toda la documentación preceptiva y toda aquella que, habiendo sido solicitada, tenía relación con el referido ERTE".

Sin embargo, el TS confirma el pronunciamiento del TSJA que "exponía sus dudas sobre la fiabilidad de las cuentas de UGT-A", un aspecto con el que la Comisión Ejecutiva de UGT-A "no puede mostrarse conforme" ya que "la relación de hechos probados" "pone de manifiesto que UGT-A sufría al momento de ejecución del ERTE una situación económica negativa, con importantes pérdidas económicas, deudas con la Administración Pública andaluza y disminución de ingresos", entre otros.

Así las cosas, el sindicado mantiene que en ningún hecho probado de la sentencia "se pone en evidencia errores o incumplimientos en las cuentas de la Organización, sino todo lo contrario, existe una ratificación de la realidad y veracidad de las referidas cuentas".

El sindicato insiste en que las cuentas de la organización, que eran y son auditadas interna y externamente, "responden a la legalidad y a la realidad" y que en el año 2012 "arrojaban unos resultados de cuantiosas pérdidas, tal como consta acreditado en los hechos probados de las sentencias ya referida". Fue dicha situación de pérdidas económicas y el impago de una importante deuda con la Administración Pública, la que llevó a la Organización a iniciar un ERE y un ERTE en el 2012 y un posterior ERE en el año 2014, recuerdan.

Sin aplicar la reforma laboral

Por lo tanto, recogen que UGT-A "en ningún caso hizo uso de la reforma laboral" ya que no justificó los expedientes en las novedades legislativas introducidas , en tanto que dicha reforma introdujo la posibilidad de despedir por causas objetivas en empresas con beneficios y UGT-A basó sus medidas de ajuste en pérdidas actuales, además de haber abonado a los trabajadores una indemnización superior a la legal.

"Consecuentemente, UGT-A llevó a cabo una medida de ajuste con fundamentos anteriores a dicha reforma, sin perjuicio de su obligación de someterse a procedimientos ineludibles legalmente y en vigor tras la misma", subrayan desde el sindicato, que también lamenta tener que acometer medidas de ajuste de su plantilla, en muchas ocasiones, por "circunstancias sobrevenidas imprevisibles".