Fernando Brun, el empresario denunciado por los concejales socialistas de Oviedo, Alfredo Carreño y Feliz Fernández, por un supuesto fraude de subvenciones por la venta de la parcela A-19 del polígono industrial de Olloniego, cuya causa ha sido archivada por la Audiencia, ha acusado al los ediles de "acusar penalmente a una persona sin tener pruebas".

Brun, en declaraciones a Europa Press, después de conocer el Auto del Tribunal que archiva su caso sin ocasión de recurso, ha manifestado su alegría por la finalización de "este calvario" para él y para su familia. "Siempre he defendido desde el principio mi inocencia", sostiene.

El empresario destaca que durante su trayectoria laboral de 40 años nunca ha tenido ningún problema ni ha cometido ninguna irregularidad y acusa a los ediles del PSOE de arremeter contra él porque su mujer desarrolló labores de secretariado con el alcalde del PP, Gabino de Lorenzo y con el expresidente 'popular' del Principado, Sergio Marqués. "Ha sido una persecución de Alfredo Carreño contra mí", añade.

Sostiene que los concejales socialistas utilizaron "argumentos muy vagos contra su persona" que han sido desmontados en dos Autos judiciales, uno por el Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo y el otro por la Audiencia Provincial de Oviedo.

Brun destaca que hay decisiones políticas como las que han adoptado Carreño y Fernández que perjudican a empresarios que trabajan día a día para generar empleo y para contribuir al desarrollo económico del Principado. "Bastante tenemos con pagar la nómina todos los meses de los empleados, que son el activo más importante de una empresa, como para tener que pelear con acusaciones políticas injustas", concluye.

Los hechos

a Audiencia Provincial de Oviedo ha confirmado el sobreseimiento libre y definitivo, frente al que no cabe recurso, de la denuncia de los concejales socialistas de Oviedo, Alfredo Carreño y Feliz Fernández, por un supuesto fraude de subvenciones por la venta de la parcela A-19 del polígono industrial de Olloniego, según el Auto al que ha tenido acceso Europa Press.

La Audiencia ratifica así la decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo que decretó en su momento el sobreseimiento y el archivo de la denuncia del Grupo Municipal Socialista de Oviedo.

El Auto destaca que los hechos "no son constitutivos de delito de fraude de subvenciones alegado, al considerar que nos encontramos ante un posible incumplimiento de un contrato de naturaleza privada que debería, en su caso, ser objeto de impugnación ante la jusrisdicción civil, al que el ente local, de considerar incumplido el contrato, debería de acudir en defensa de sus intereses".

El Tribunal señala que "en este caso es indudable que el recurso ha de ser desestimado ya que el denunciante no cuenta con legitimación para recurrir, pues no siendo ni coadyuvante del Ministerio Fiscal, ni de una acusación particular, su intervención en el proceso requeriría el cumplimiento de los requisitos establecidos y en consecuencia la presentación de la querella en la reforma legalmente establecida".

El juez de Instrucción número 1 de Oviedo ya estimó en su Auto que "no existían indicios de delito al no cumplirse los presupuestos típicos que el delito del artículo 308 del Código Penal dispone, "por cuanto la subvención se produjo entre el Ministerio y el Ayuntamiento, no entre el Ayuntamiento y la posterior fase de adjudicación de parcelas, en la que lo que existió fue una oferta pública de venta en función de un precio fijado por el Ente Local y un criterio de adjudicación en función de la mejor oferta empresaria para el desarrollo de la zona y fomento de empleo".