El instalador de la caldera que explotó en 2008 en una vivienda de Salces (Hermandad de Campoo de Suso), en el que resultó herido el matrimonio que residía en ella —a la mujer le tuvieron que amputar las dos piernas— será juzgado este jueves en el Juzgado de lo Penal Número 1 de Santander.

Según el escrito de la acusación particular, que le considera autor de dos delitos de lesiones y uno de daños por los que pide tres años de cárcel, inhabilitación profesional y una indemnización de más de un millón de euros, la explosión se produjo el 19 de enero de 2008 y se originó en el depósito-caldera del agua para calefacción "por una instalación incorrecta y defectuosa de la misma".

En el escrito que ha presentado esta parte, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que faltaban los "debidos dispositivos de expansión y seguridad, incumpliendo la normativa aplicable y vigente en el momento de su instalación y las mínimas normas de seguridad y de cuidado objetivo y subjetivo" por parte del acusado.

La instalación inicial —una "calefacción al uso de la época", precisa la acusación— se colocó por el acusado en 1998 y éste mismo la modificó en 2003 para añadir una paila en el hogar de leña existente, situada en la sala inmediatamente superior a la que está la caldera para aprovechar la fuente de calor de la chimenea para calentar los radiadores.

Apunta que para modificar la instalación preexistente se enlazaron los tubos de entrada y salida de agua de la caldera con los antiguos circuitos de calefacción, "respetando el sentido de circulación de la bomba que había" y sin modificarse los sistemas preexistentes de alivio de la sobrepresión, ni los diámetros de las tuberías.

El día en que ocurrieron los hechos, estando la familia en la vivienda, se produjo un aumento de la presión del circuito de calefacción que, según la acusación particular, hizo que esta explotara por la "deficiente instalación de la paila".

Como consecuencia de la explosión, y según se indica en el escrito, la mujer sufrió "graves lesiones físicas y psíquicas", que tardaron en sanarse 565 días, de los cuales 38 fueron de hispitalización y 527 estuvo impedida para sus labores habituales.

Como secuela, quedó la amputación traumática de ambas piernas, cicatrices de quemaduras, trastorno depresivo reactivo y graves secuelas estéticas, además de una incapacidad permanente absoluta y requiere asistencia para sus quehaceres habituales.

En la casa también se encontraba su marido, que sufrió también, según la acusación, "graves lesiones físicas y psíquicas" que tardaron en curar 120 días, durante los que estuvo impedido de sus labores habituales.

Como secuela, le quedó un trastorno depresivo y un trastorno neurótico por estrés postraumático que han desembocado en su posterior incapacidad laboral.

La explosión también produjo daños en la vivienda y enseres tasados pericialmente, según la acusación en 91.000 euros en lo relativo al continente y sin tasar en su totalidad en cuanto al contenido.

La vivienda fue reparada por la aseguradora de las víctimas pero no así el contenido.

PENAS

La acusación particular considera que el instalador, con iniciales J.C.C., es autor de dos delitos de lesiones y uno de daños y pide tres años de prisión y la inhabilitación para la profesión de fontanero durante cuatro años.

Además, reclama que una responsabilidad civil de más de un millón de euros para la mujer y de 125.000 para el marido por las lesiones y secuelas. También pide por los daños en la vivienda y en su contenido 134.000 euros, de los que 91.000 serán para la aseguradora de la víctima.

Por su parte, la defensa, que representan al instalador ha negado su responsabilidad, lo mismo que la compañía aseguradora del acusado.

En este proceso está personada la Fiscalía que, sin embargo, solicitó que no se celebrara el juicio al considerar que los hechos ya había prescrito, algo que fue rechazado por el juez en una vista de cuestiones previas celebrada hace unos meses, según ha explicado a Europa Press el abogado de la acusación particular.

Tras ello, se desconoce si en el juicio la Fiscalía se adherirá a la petición de pena de la acusación particular.

El juicio, que se celebrará a partir de las 11.00 horas, tendrá lugar más de 7 años después de los hechos.