Los grupos de la oposición en la Diputación de Málaga, PSOE e IU, han pedido al presidente de la institución, Elías Bendodo, que aclare los detalles de los contratos del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, después de que se haya conocido que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha detectado una serie de contratos, presuntamente fraudulentos, entre ellos el que tienen las empresas FCC y Urbaser para la recogida y tratamiento de envases del Consorcio.

En concreto, el contrato señalado por la CNMC, el de la recogida y tratamiento de envases, tiene una cuantía superior a los 76 millones de euros, según ha matizado la portavoz de la coalición de izquierdas, Antonia Morillas. Fue adjudicado en abril de 2013 por un período de 15 años.

El grupo de IU ha pedido la comparecencia de Bendodo en relación con este asunto en el pleno ordinario celebrado este martes, al entender que se trata de "un hecho extremadamente grave". Además, ha precisado que ambas firmas son "dos de las empresas que, presuntamente, aparecen como donantes del PP".

Con esto, IU ha pedido al presidente de Diputación que "clarifique y ponga luz y taquígrafos al proceso de adjudicación y licitación de este contrato". De confirmarse que se trata de un contrato fraudulento, ha señalado la portavoz de la coalición, "lo que cabe es exigir al equipo de gobierno del PP la anulación inmediata de ese contrato".

Por su parte, el portavoz del PSOE, Francisco Conejo, ha señalado que su deseo es "tener conocimiento por parte del equipo de gobierno acerca de qué pasó" con dicha adjudicación. En cualquier caso, ha apuntado a que hay que ser "cautos y prudentes" hasta tener "conocimiento exhaustivo de los mismos".

"Lo que vamos a exigir es el cumplimiento estricto de la legalidad y si se comprueba algún tipo de anomalía pediremos que la Diputación, si procede, realice los trámites oportunos para garantizar la regularización de la misma", ha afirmado.

En el pleno, en lugar del presidente de la institución, ha comparecido la diputada de Medio Ambiente, Marina Bravo, quien ha insistido en la "pulcritud absoluta" del proceso de contratación y ha defendido que "el Consorcio hizo perfectamente su licitación y adjudicó a la mejor oferta".

Así, ha precisado que dentro del mismo proceso de adjudicación se nombró un comité asesor conformado por técnicos de varias administraciones (Diputación, Junta, Consorcio y Mancomunidad de la Costa del Sol). Del mismo modo, ha recordado que tanto PSOE como IU estuvieron presentes en la mesa de contratación.

Bravo ha explicado que fueron tres las empresas que se presentaron para hacerse con el servicio de recogida y tratamiento de envases, entre ellas la UTE Urbaser-FCC que, "conforme a las bases fue la que obtuvo la mayor puntuación".

Ante las críticas de IU por la privatización del servicio, la diputada ha recordado que la recogida de envases ya estaba externalizada en el anterior mandato, en el que gobernaba la coalición de izquierdas y el PSOE, agregando que el equipo de gobierno del PP lo que hizo fue adjudicar también la planta de envases.

Bravo ha explicado que a finales del pasado mes de enero la Diputación tuvo conocimiento de que la CNMC sancionaba a 39 empresas "por llevar a cabo pactos entre ellas para repartirse estos servicios en toda España, entre ellos éste", y que en ese momento se pidió un informe al interventor del Consorcio, "quien señaló que el expediente está perfecto".

Así, ha sostenido que "si al final hay multas para estas empresas" por parte de la CNMC, "es un procedimiento en el que nosotros somos totalmente ajenos, hasta el punto de que podríamos ser otro damnificado". "No podemos saber qué ha hecho la empresa antes de presentar la oferta", ha apostillado.

En palabras de Morillas, la Diputación de Málaga "no puede permitirse tener, ni siquiera a través de un ente instrumental, como es el Consorcio de Residuos Sólidos, un contrato que ha sido sancionado por ser fraudulento".

Además, ha defendido que dicho contrato se debe "recuperar para lo público", considerando que el sector de la recogida y el tratamiento de residuos sólidos es "un nicho de negocio para las empresas muy importante" y que "si se apostara por gestionarlo desde los recursos propios del Consorcio tendría una cuantía muy inferior para las arcas de la Diputación". En este punto, ha calculado que con una inversión inicial de unos seis o siete millones de euros se podría gestionar "directamente y desde lo público" este contrato.

Por otro lado, el grupo de IU se ha adherido a la reclamación de los trabajadores del Consorcio de Residuos para "diseñar un plan de recuperación de los servicios propios y auxiliares" de dicho ente para acometer "de manera progresiva su remunicipalización".

"Está ampliamente constatado que cuando un servicio de residuos se privatiza, a medio y largo plazo, tiene un impacto directo en las tarifas que pagan los usuarios", ha sostenido.

Oficina de extranjeros

Por otro lado, la Diputación ha aprobado en el pleno crear una oficina de ciudadanos extranjeros para prestar asistencia a los foráneos que residan en los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia.

La moción, presentada por el PSOE, planteaba la puesta en marcha de una unidad que preste asistencia técnica y administrativa a los ciudadanos extranjeros que residen en los pequeños y medianos municipios de la provincia y que precisan conocer las normas y trámites relacionados con la administración local y con otras instituciones.

En concreto, se pretende prestar este servicio a través del portal malaga.es, un teléfono de atención al ciudadano extranjero, y la elaboración de guías y campañas divulgativas. También que se realicen cursos y jornadas sobre cuestiones de interés para la población extranjera.

Otras mociones

Por otro lado, también ha salido adelante por unanimidad de los tres grupos una moción de IU en la que se ponía de manifiesto la necesidad de descentralizar la acción cultural de La Térmica para que llegue a todos los pueblos de la provincia.

Han sido rechazadas otras mociones llevadas a pleno por la oposición. Entre ellas, una en la que los socialistas instaban al equipo de gobierno 'popular' a que apostara por que el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol sea un centro de conexiones internacionales o 'hub'.

Asimismo, se ha rechazado una iniciativa presentada por IU en la que se pedía la disolución de la Oficina del Alcalde y se reclamaba que con el presupuesto destinado a la misma para este año, un total de 6,3 millones, se elaborase un plan de empleo provincial, que diese prioridad a los municipios menores de 20.000 habitantes.

Finalmente, se ha aprobado una moción del PP en la que se instaba a la Junta de Andalucía a realizar los pagos de las facturas adeudadas desde hace seis meses a las empresas encargadas del mantenimiento y conservación de las carreteras de la provincia.

Según ha advertido el portavoz del PP, Francisco Salado, el retraso en estos pagos, que ronda los 25 millones de euros, pone en peligro la continuidad de este servicio por la "falta de liquidez" de las empresas.

Por otro lado, el también alcalde de Rincón de la Victoria (Málaga), ha sido cuestionado por el escrito, dirigido al Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de esta localidad, en el que se denuncian las obras que el portavoz del PSOE, Francisco Conejo, llevó a cabo en una casa de su propiedad en dicho municipio para construir una piscina.

Salado ha señalado que "hay algo sospechoso en ese expediente" y que se investigará "si la obra se ajusta a la licencia concedida", agregando que Conejo "tendrá que dar explicaciones para que no quede sombra de dudas".