La oposición en el Ayuntamiento de Alicante ha considerado este lunes de "operación cosmética" y de "lavado de imagen" la decisión del equipo de Gobierno 'popular' de no prorrogar la contrata de Infraestructuras Festivas y Culturales, que "está bajo sospecha de corrupción" y "hay dos personas vinculadas a los servicios técnicos del Ayuntamiento que están imputadas por presunto cohecho, por la adjudicación", ha recordado.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ull, ha estimado que la decisión de Valor "es un paso más en la campaña de limpieza de imagen a tres meses de las elecciones que ha iniciado el PP". Sin embargo, se trata de los concejales que "en su día votaron a favor, con su mayoría absoluta, de adjudicar esta contrata a Isjoma o los mismos que le dieron la de limpieza de colegios y dependencias municipales a Enrique Ortiz".

Así, ha señalado que la no prórroga de las contratas "son decisiones que, si se hubieran tomado en su día, serían bien recibidas pero ahora, en precampaña, no les cree nadie". Ull ha avanzado que su grupo pedirá "la comparecencia en pleno de los ediles 'populares' Andrés Llorens y Juan Zaragoza para que, ante el máximo órgano de representación municipal, expliquen las circunstancias y condiciones de la adjudicación y por qué ahora no la renuevan".

Además, "vamos a pedir una comisión no permanente para que se aclaren los hechos y las circunstancias de la adjudicación de este servicio" y "exigiremos explicaciones al área de Coordinación de Contratación en relación con estos hechos", ha añadido Ull.

El concejal de EU, Miguel Ángel Pavón, ha dicho que se trata de una "operación de cosmética preelectoral para intentar desvincularse de los casos y de los personajes incómodos por su vinculación con la corrupción". Así, ha recordado el caso de la no prórroga de la contrata de limpieza de colegios y dependencias municipales en manos del empresario Enrique Ortiz, imputado junto a la exalcaldesa Sonia Castedo en el caso 'Brugal'

"Entendemos que el equipo de Gobierno va a tomar una serie de decisiones con las que quieren volver a licitar. No se prorrogan y las vuelven a licitar vendiendo que se puede lograr un pequeño ahorro en la contrata", ha seguido.

Así ha calculado que entre las contratas de cementerio, limpieza e Infraestructuras Festivas y Culturales suponen más de diez millones de euros al año. Por ello, el concejal ha argumentado que si el Ayuntamiento las rescatara "podría ahorrarse entre dos y tres millones de euros al año" entre IVA y beneficio empresarial, y "se podría liberar para gasto social".

"ISJOMA,

Clama al cielo"

Por su parte, desde UPyD, Fernando Llopis, ha insistido en que "según nos dicen los técnicos es una contrata que, muchas de sus tareas, podrían hacerse desde el Ayuntamiento porque hay personal y hay medios". Así, ha advertido de la necesidad "de ver qué cosas podemos hacer y las que no, contratarlas". Además, ha afirmado que el "caso Isjoma es un tema que clama al cielo" porque judicialmente "no ha terminado".

No obstante, ha indicado que Miquel Valor está haciendo "cosas que debería haber hecho Castedo y no hizo". Por ello, cree que Valor está "haciendo cosas interesantes" pero que arrastra "gente que ha estado haciendo las cosas muy mal y sigue en los puestos de privilegio", ha reprochado.

"Andrés Llorens, Juan Seva, Marta García Romeu son los que hasta ahora defendían una cosas, ahora defienden la contraria y no pasa nada", ha continuado el dirigente de UPyD, que opina que "sería razonable si todo se hubiera acompañado con otro cambio. El momento clave es ver si se atreve con la ATE de Ikea. Porque ahora son cambios estéticos", ha señalado.