El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado por unanimidad solicitar a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente la devolución del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para su revisión y su actualización. El planeamiento se inició hace 14 años y por su tramitación están imputados los ex primeros ediles de la ciudad Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, en una causa derivada del 'caso Brugal' en la que se investigan presuntos beneficios al constructor Enrique Ortiz.

El pleno extraordinario se ha celebrado este viernes con ese único punto y ha contado con los votos a favor de los cuatro partidos con representación política. No obstante, el PP ha rechazado con su mayoría las enmiendas presentadas por PSPV y EU para que se añadiese la petición de devolución de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que facilite la llegada de la multinacional Ikea a los terrenos de Rabasa.

La concejal portavoz y de Urbanismo, Marta García Romeu, ha afirmado que "se ha tomado la mejor decisión para los alicantinos" y ha lamentado que los grupos de la oposición "siguen hablando de Ikea y de la ATE y de la tramitación de un expediente que presenta la iniciativa privada ante el Consell".

"No se tramita en esta ciudad ni en este pleno, donde estamos acordando entre todos algo importante y decisivo sobre el Plan General, que sí se tramita en Alicante y que sí depende de nosotros, de nuestros técnicos y de lo que nuestros equipos redactores quieren que se haga. Eso es lo que hoy se va a aprobar y nada más", ha manifestado Romeu.

Frente a ello, desde el PSPV, la concejal Loles Fernández, ha reclamado que se incorporara el desistimiento de la ATE de Ikea y el macrocentro comercial que lleva aparejado y que ha definido como "el más grande de Europa".

La concejal socialista ha aseverado que "el señor Valor —nuevo alcalde de Alicante—, tiene más dignidad que sus predecesores" y que lo ha demostrado con la petición para recuperar el Plan y, por ello, le ha solicitado que diera un paso más "desestimando la ATE".

Fernández ha dicho que la gestión del PP en materia urbanística "no podía haber sido más errónea". Se ha felicitado por la retirada del PGOU y ha sentido "indignación" porque "durante 15 años el PP ha hecho perder tiempo y dinero, más de un millón de euros, de las arcas municipales". Ha recordado que el PGOU está lleno de "podredumbre" que mancha un Plan que "continúa siendo investigado" judicialmente y que, a su juicio, ha motivado el cambio de postura de los 'populares'.

"el mayor fracaso"

El concejal de EU, Miguel Ángel Pavón, ha insistido en "el PP ha asumido por fin uno de sus mayores fracasos en sus casi 20 años de gobierno. Y que en los menos de cuatro meses que quedan hasta las elecciones de mayo es imposible revertir".

Ha considerado que "llegan muy tarde" a "su ciclo político, lastrado por los casos de corrupción urbanística y la quiebra de las arcas municipales". Pavón ha recordado que "han pasado más de 16 años" desde que se adjudicaron los trabajos de los que "hoy se desiste" y ha señalado que los 'populares' "han defendido contra viento y marea" un PGOU "obsoleto, especulativo, opaco, insostenible y que han defendido hasta hace nada".

El edil ha lamentado que Alicante siga con un "planeamiento de 1987" que el PP ha modificado puntualmente para "encajar" el macrocentro comercial junto a Ikea. Pavón ha pedido "valentía" a los concejales del PP y al alcalde para suspender "la ATE del empresario Enrique Ortiz. Sabemos que el Ayuntamiento no tiene capacidad sobre la ATE, pero sí sobre el planeamiento general de la ciudad".

Por su parte, el concejal de UPyD, Fernando Llopis, ha considerado que el PP ha decidido recuperar el PGOU porque "a la Generalitat le daba vergüenza lo que estaba ocurriendo alrededor del plan". Así, ha concluido que las "cosas mal hechas, con presunta corrupción, salen muy caras, se ha perdido mucho tiempo y dinero y se ha manchado el nombre de Alicante".

Se ha cuestionado si serán los comerciantes de Alicante los perjudicados por la llegada de Ikea y si se va a hacer "un estudio del impacto económico" de la implantación de la multinacional. Por ello, ha anunciado que elevará al pleno ordinario una propuesta para que la sociedad civil plantee enmiendas a la ATE.