De Lorenzo pide "dejar a la Justicia trabajar" en el caso de El Musel y afirma que se defenderán los intereses generales

Foro adelanta respeto "total" a la decisión judicial que se adopte y PSOE e IU reclaman más transparencia
Gabino de Lorenzo
Gabino de Lorenzo
EUROPA PRESS

El delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, ha abogado este jueves en Gijón por "dejar a la Justicia trabajar", con respecto a la investigación abierta desde la Audiencia Nacional por seis posibles delitos supuestamente cometidos en las obras de ampliación portuaria de El Musel.

"No vamos a interferir ahora ni a dar opiniones extemporáneas", ha incidido en declaraciones a los medios de comunicación, tras la presentación de la Campaña de Prevención y Sensibilización contra la Violencia de Género en Asturias. "Hay una acusación, pero se tratará de defender los intereses del Puerto y los intereses generales que afectan a España, desde luego", ha asegurado, no obstante.

A este tema se ha referido también el portavoz del Gobierno municipal de Gijón, Rafael Felgueroso (Foro), a preguntas de los periodistas tras la presentación de la citada campaña. Este ha declinado pronunciarse sobre un procedimiento judicial que está 'sub judice' hasta que este no se resuelva y ha remarcado que desconoce "totalmente" el contenido del informe de la Fiscalía Anticorrupción.

Aún así, ha señalado que la Justicia actuará en este caso y que desde el Ayuntamiento se respetará "total o absolutamente" las decisiones que se se adopten al respecto, como se hace siempre, según él, tanto si son favorables como si no.

Más transparencia

Por su parte, los portavoces municipales de PSOE e IU, Santiago Martínez Argüelles y Francisco Santianes, durante una rueda de prensa en el Ayuntamiento, han enfatizado el hecho de que hayan salido a la luz las supuestas irregularidades sin que se diera información de las alegaciones presentadas ante la Dirección General de Política Regional por el Estado o la Autoridad Portuaria de Gijón sobre estas acusaciones.

Argüelles, a este respecto, ha insistido en que se hagan públicos los informes de la Abogacía del Estado que avalaron las cuentas de la ampliación portuaria, que incluso él mismo había solicitado por Registro. Una petición de la que no ha obtenido respuesta aún, a lo que ha solicitado "luz y taquígrafos para todos".

Santianes, por su parte, ha reclamado que "se ponga todo encima de la mesa". "No se puede sacar todos estos temas por fases", ha reprochado, al tiempo que ha instado a que se clarifique todo con toda la rigurosidad posible.

También desde Podemos Xixón se ha pedido el "total esclarecimiento" de las supuestas irregularidades en las obras de ampliación de El Musel y que consideran que puede llegar a ser "el mayor fraude a la ciudadanía de Asturias por parte de políticos, empresarios y autoridades implicadas". Sobre los primeros, ha aludido a la pertenencia al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de representantes del PSOE, PP y Foro.

Seis posibles delitos

Cabe recordar que el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez admitió a trámite una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción a fin de investigar "las actuaciones de representantes y administradores" de la unión temporal de empresas (UTE) Dique Torres, que llevó a cabo el proyecto entre los años 2005 y 2011, y de los integrantes de la Autoridad Portuaria de Gijón, gestora de las instalaciones.

Todo ello después de que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sostuviera que se produjeron sobrecostes en la compra de los materiales que podrían motivar la devolución de 247,5 millones de fondos europeos.

Según Anticorrupción, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un total de seis delitos: fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude a la Hacienda Pública y prevaricación.

La Fiscalía justificó la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos, al considerar que podrían tener "una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y un grave perjuicio patrimonial en la economía nacional".

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