La presidenta andaluza, Susana Díaz, la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y los estudiantes universitarios han llegado a un pacto para mantener el actual sistema y aplicar la moratoria de dos años al decreto que establece una nueva ordenación de las enseñanzas universitarias.

De esta forma, Andalucía rechaza la aplicación en esta comunidad del real decreto del Gobierno que permite a los centros académicos ofertar, de forma voluntaria, grados de entre 3 y 4 años y másteres entre 1 y 2 años.

La Junta, los rectores de las diez universidades andaluzas y la coordinadora representantes de estudiantes respaldan así la decisión adoptada por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) de aplicar una moratoria en la puesta en marcha de la reforma universitaria.

"El acuerdo supone mantener la estabilidad académica del sistema, el apoyo a los grados de 4 años y a la aplicación de una moratoria activa para no generar incertidumbre y confusión", ha declarado en rueda de prensa el rector de la Universidad de Cádiz y presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), Eduardo González Mazo.

Tras mantener una reunión con la presidenta de la Junta, González Mazo, ha destacado la coincidencia de las partes con el acuerdo alcanzado por los rectores a nivel nacional y ha calificado de "razonable" el pacto alcanzado con Susana Díaz y los representantes de los estudiantes universitarios.

La presidenta ha manifestado a los rectores y estudiantes su apoyo a la moratoria del sistema, a la actual estructura de los grados de 4 años y, "por tanto, a su financiación", ha resumido.

Los rectores defienden una "moratoria activa" hasta 2017 al considerar que permitirá "reflexionar, evaluar y mejorar el sistema si fuese necesario", y han recordado que las universidades están ahora haciendo las primeras evaluaciones de los actuales grados para dilucidar si estaban o no bien confeccionados.

González Maza ha precisado que los rectores andaluces y españoles "desconocen y no entienden" los motivos por los que el Ministerio de Educación quiere ahora aplicar la reforma.

Fabricio Saquilan, presidente de la Coordinadora Andaluza de Representantes de Estudiantes (CARE), ha mostrado el "gran rechazo" de este colectivo por la forma "autoritaria" con la que actúa el Ministerio, al que ha acusado de tomar decisiones "de espaldas" a la comunidad universitaria.

"Aplicar la reforma supondrá dejar miles de universitarios con menos recursos fuera del sistema por elevado precio de los másteres respecto a los grados y por la falta de becas y ayudas", ha denunciado.