Los servicios jurídicos del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, Covite, ha alertado al Congreso de que el pacto contra el yihadismo "impedirá la investigación de crímenes de lesa humanidad y genocidio en manos de organizaciones terroristas como ETA".

En un comunicado, Covite ha denunciado que la reforma "crea un patrón 'ad hoc' que favorece la impunidad de ETA" y el pacto "burla los compromisos internacionales firmados por España". Además, a su juicio, "supone una merma en la prevención de las formas más graves de terrorismo".

Para Covite, "con el pretexto de la urgencia se utiliza la reforma para que se puedan calificar los más graves delitos contra la Comunidad internacional del Título XXIV, genocidio y lesa humanidad, como delitos de terrorismo, cuando se trata de delitos con distintos bienes jurídicos a proteger, distintos umbrales de gravedad, y distinto grado de imprescriptibilidad".

La asociación ha opinado que "esta reforma urgente supone atraer los hechos y finalidades del tipo penal internacionalmente reconocido como más grave (genocidio y lesa humanidad), al menos grave (terrorismo)".

En este sentido, cree que la reforma "parece introducir una excepción, extraña y proscrita en el derecho penal internacional, al calificar como terrorismo los delitos contra la Comunidad Internacional cuando sean cometidos por organizaciones, grupos o individuos terroristas, y no cuando sean cometidos por Estados".

Covite ha incidido en que, "con la pretendida reforma, se pueda excluir a las organizaciones de la comisión de crímenes contra la comunidad internacional, atrayendo estos tipos penales al delito de terrorismo", algo que ha calificado de "particularmente grave cuando se esta llevando a cabo un examen preliminar desde el 17 de febrero de 2014, por crímenes de lesa humanidad y genocidio, en la Corte Penal Internacional, contra ETA y su brazo político".

Por último, también ha denunciado que "entraña especial gravedad, que precisamente se pretenda este pacto de reforma urgente cuando las autoridades del Estado han reclamado, por primera vez, informes policiales sobre esta materia".