Aprobada la comparecencia de Artur Mas en la comisión de investigación de Jordi Pujol

Artur Mas y Oriol Pujol.
Artur Mas y Oriol Pujol.
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Artur Mas y Oriol Pujol.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, tendrá que comparecer ante la comisión de investigación del Parlament sobre el 'caso Jordi Pujol' y el fraude fiscal tras ser aprobada su comparecencia por ERC, PSC, PPC, ICV-EUiA, Ciutadans (C's) y la CUP, mientras que CiU se ha abstenido.

La comparecencia de Mas ha sido pedida tanto para que explique si tenía algún tipo de conocimiento de los entresijos de la familia Pujol en relación con su fortuna en Andorra y otros paraísos fiscales como, más en concreto, para aclarar el nivel de conocimiento que tenía de si su ex "número dos", Oriol Pujol, cobraba comisiones para facilitar deslocalizaciones de empresas.

Todos los grupos de la oposición han coincidido en la necesidad de que comparezca Mas, excepto la portavoz de CiU en la comisión, Maritxell Borràs, que ha dudado que se desee conocer la verdad y ha atribuido la petición a un intento de desgastar al presidente catalán de cara a las próximas elecciones autonómica.

Mas defiende la correcta actuación del Govern

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha defendido este lunes que su Govern ha actuado de forma "correcta" en los casos de deslocalización de empresas y ha desvinculado los contactos que pueda haber hecho con empresarios de las supuestas irregularidades del exsecretario general de CDC Oriol Pujol.

Mas ha afirmado que, como presidente catalán, su "obligación y responsabilidad" es ayudar a que, ante una deslocalización, se mantenga los puestos de trabajo y la actividad industrial, para lo que ha hecho "centenares de contactos" como presidente, pero ha añadido que él desconoce si, a partir de ahí, alguien ha hecho "un uso privado" que pueda ser ilegal.

"Hay una línea nítida entre la responsabilidad pública y la privada", ha subrayado Mas en un almuerzo informativo en el que se le ha preguntado por las investigaciones judiciales que apuntan a que pudo mediar en procesos de deslocalización por los que supuestamente Pujol obtuvo comisiones ilegales.

"Puedo dar fe y se puede demostrar que el Govern, en este caso, y otros Governs, cada vez que actúan para salvar una empresa en Cataluña, lo hacen de buena fe", ha dicho el presidente, quien ha agregado que seguirá reuniéndose con los empresarios que haga falta para intentar que se conserven los trabajadores en los casos de deslocalizaciones, sea quien sea el empresario.

Poco antes, el secretario general adjunto de CiU, Lluís Corominas, había salido en su defensa en una rueda de prensa después de que varias llamadas telefónicas y mensajes de texto intervenidos dentro de la investigación del caso ITV entre Pujol y su amigo empresario Sergi Alsina apuntan a que el político usó presuntamente sus "influencias" para facilitarle el acceso al presidente.

"Mas y el resto de miembros del Govern hablan cada día con empresarios, actores y emprendedores. Es una de nuestras tareas principales en momentos de crisis", ha subrayado el también vicesecretario de Coordinación Institucional de CDC, acompañado del secretario general de UDC y de CiU, Ramon Espadaler.

Al preguntársele si Mas comparecerá en la comisión de investigación del fraude fiscal en el Parlament, ha asegurado que no han hablado de eso, pero deja claro que rechazan "ultimátums" de ERC para que lo haga. Precisamente, la colíder de ICV, Dolors Camats, ha anunciado que su formación pedirá un pleno monográfico en el Parlamento si Mas no acude a la comisión del fraude, una petición que CiU y ERC han rechazado en varias ocasiones.

"Mas debe explicar qué conoce y qué desconoce de todas estas situaciones de presunta corrupción y fraude fiscal", ha dicho al preguntársele por el sumario de este caso. La ecosocialista ha emplazado a ERC a cambiar su postura, y ha observado que el hecho de que los republicanos hayan votado "por cuarta vez" en contra de esta solicitud contribuye a desprestigiar la política.

También ha reclamado su presencia en la comisión, creada a raíz de la confesión del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, la portavoz de C's en el Parlament, Carina Mejías, quien ha avisado a Mas de que el "cerco de la justicia" se le acerca en el caso ITV, y ha instado a ERC a "no seguir tapándole las vergüenzas". A su juicio, "las investigaciones evidencian que Mas conocía y participaba de este tipo de negocios para deslocalizar empresas de Cataluña, y recibía a los empresarios, a los que facilitaba las deslocalizaciones".

Finalmente, ERC ha solicitado formalmente la comparecencia del presidente catalán y líder de CDC ante la comisión de investigación después de conocer las nuevas implicaciones de su exnúmero dos. Este lunes por la tarde ha registrado su petición, que se unirá a la del resto de grupos de la oposición que ya la habían presentado anteriormente por lo que será aprobada con toda seguridad.

Nuevas declaraciones

Precisamente este lines ha declarado como testigo ante la jueza que instruye el caso de las ITV el presidente de Cirsa, Manuel Lao, quien ha ofrecido una versión contraria a la que Pujol sostuvo en conversaciones telefónicas intervenidas sobre supuestas reuniones entre el empresario y el presidente de la Generalitat acerca de la compra de la planta industrial de Sharp en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Según fuentes judiciales, Lao ha sostenido ante la titular del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, que nunca habló de este proyecto de compra con el presidente, y ha asegurado que no necesita intermediarios para concertar una cita con Mas porque tienen una relación próxima. Sin embargo, en una conversación intervenida el 17 de enero 2011 y que figura en el sumario de la causa, Pujol aseguró al empresario y amigo Sergi Alsina —entonces asesor de Sharp— que Mas había hablado con Lao.

En cambio, Lao ha asegurado ante la jueza que no conoce de nada ni a Pujol ni a Alsina, que en esta causa están imputados por cohecho junto a la mujer del político, Anna Vidal, por presuntamente camuflar —con facturas de trabajos de asesoría de la mujer que presuntamente no existieron— lo que en realidad eran pagos al diputado por su mediación. Lao también ha dicho que él no se encargó de la operación de compra de la planta de Sharp que comenzó en 2010, sino su hijo; que desconoce exactamente qué gestiones y con quién las hizo; y ha añadido que sólo se enteraba cuando su hijo se lo comunicaba en los comités de presidencia de Cirsa.

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