La juez del "caso ITV" sospecha que el exdiputado de CiU Oriol Pujol y su mujer Anna Vidal invirtieron en negro en promociones inmobiliarias, a través de una sociedad que compartían con el empresario amigo suyo Sergi Alsina y que era "receptora habitual" de dinero oculto a la Hacienda Pública.

En un auto del sumario del "caso ITV" la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona encarga a la Agencia Tributaria que investigue, "a los efectos fiscales oportunos", los negocios de la sociedad Máxima Grupo Inmobiliario, en la que también participó Josep Pujol Ferrusola, el único hijo del expresidente de la Generalitat no imputado.

La juez, que cree que de esas operaciones podría desprenderse un delito contra la Hacienda Pública, basa sus sospechas en un informe que en junio pasado le remitieron el Servicio de Vigilancia Aduanera y Hacienda, en el que alertaban de que el matrimonio Pujol-Vidal invirtió en 2006 "dinero oculto" en negocios inmobiliarios.

Estas promociones se llevaron a cabo a través de la sociedad Maxima Grupo Inmobiliario, constituida en 2003 y participada por el empresario Sergi Alsina -amigo íntimo de Oriol Pujol- y Anna Vidal, a través de Participació Nova D, empresa de la que el exdiputado de CiU también era beneficiario, según Hacienda.

Según los informes de Hacienda, en 2005 Josep Pujol, hermano de Oriol Pujol, formalizó a través de una de sus sociedades un préstamo participativo mediante contrato privado a Máxima Grupo Inmobiliario, con una cantidad inicialmente propuesta de 1,2 millones pero que finalmente fue de 200.000 euros.

El empresario Sergi Alsina, de acuerdo con esos informes, habría asegurado a Josep Pujol Ferrusola el cobro de un 13% de intereses por ese préstamo participativo.

Oriol Pujol está imputado en el caso de las ITV por dos delitos de cohecho, uno de tráfico de influencias y uno de falsedad documental, por usar supuestamente su poder político para favorecer los intereses de Sergi Alsina a cambio de comisiones que se enmascaraban mediante los trabajos de asesoramiento supuestamente ficticios que su mujer facturaba al empresario.

El informe de Hacienda detalla que la sociedad Máxima Grupo Inmobiliario era "receptora habitual" de "dinero oculto" y su primera inversión de relevancia fue la construcción de 18 casas en el municipio de Ger, en la Cerdanya gerundense, en la que los promotores esperaban obtener unos beneficios de 6,8 millones.

También apunta la Agencia Tributaria que el matrimonio Pujol-Vidal realizó en 2006 el pago de parte del importe de una de las viviendas de Ger "en dinero oculto", en concreto 65.245,87 euros de los 326.229 que costó.

Esa vivienda fue vendida en 2010 por un valor de 385.000 euros, por lo que Hacienda deduce que, con esta operación, el matrimonio logró "aflorar" como "dinero legal" un total de 65.245,87 euros.

El informe se centra también en la promoción de 23 pisos, 25 aparcamientos y 4 locales en la calle Rutlla de Girona, en los que varios correos intervenidos hacen referencias a pagos en "b".

Además, Hacienda pone el foco en la promoción de dos viviendas unifamiliares en Urús, también en la Cerdanya, que fueron adquiridas en 2008 a precio de coste mediante un contrato privado, en el que Máxima Grupo Inmobiliario actuó como vendedor y Sergi Alsina y Anna Vidal como compradores, por un valor de 330.000 euros cada una.

Posteriormente, en diciembre de 2008, Alsina y Vidal firmaron otro contrato privado en el que la mujer de Oriol Pujol resolvía el contrato de compraventa, a cambio de una indemnización de 142.500 euros, que Hacienda cree que podría tratarse de un traspaso de fondos directos de Alsina a Vidal.

Tras este contrato de compraventa, Máxima SL vendió el solar con las dos viviendas a Teyco, empresa del empresario Jordi Sumarroca -muy vinculado a los Pujol- por 1,1 millones de euros.

Finalmente, las dos viviendas fueron vendidas de nuevo por Teyco a Sergi Alsina, por 1,2 millones de euros, y al matrimonio Pujol-Vidal, por un millón de euros, según Hacienda.

A la vista de este informe, el fiscal Anticorrupción remitió un escrito a la juez para pedirle que pusiera en conocimiento de Hacienda la existencia de "dinero oculto" en esas promociones inmobiliarias, para su investigación "en ese ámbito".

En otro informe de julio de 2014, Hacienda avisó a la juez de que no podía averiguar la totalidad de los inmuebles de los que dispone el matrimonio Pujol-Vidal, por lo que solicitaba permiso para indagar en las cuentas bancarias de la pareja.

La juez aceptó esta diligencia, si bien en octubre pasado tuvo que reprender a Caixabanc porque la información que le remitieron con las cuentas del matrimonio contenía "omisiones y datos repetidos", por lo que advirtió de que si no colaboraban de forma inmediata les podría acusar de desobediencia grave a la autoridad, ante lo que la entidad envió la información completa.

A la espera de que se analice la información recabada de las entidades bancarias, la magistrada, que ya dispone de las declaraciones de renta y patrimonio y un informe sobre las inversiones en Bolsa del matrimonio, ha ordenado averiguar también datos sobre el patrimonio de la pareja entre 2010-2012.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que la Agencia Tributaria investigue "la posibilidad de la existencia de dinero oculto a la Hacienda Pública" por parte de la mujer del exdiputado de CiU en el Parlament y de un empresario amigo.

"Hasta la fecha, no existen indicios delictivos, pero deberían ponerse en conocimiento de la Agencia Tributaria para su investigación en este ámbito", sostiene el fiscal Fernando Maldonado en un escrito que forma parte del sumario del caso ITV.

En concreto, se refiere a promociones inmobiliarias en las que invirtió la sociedad 'Máxima Grupo Inmobiliario', participada por la mujer del político, Anna Vidal, y por el empresario amigo del matrimonio Sergi Alsina.

El escrito del fiscal se basa en un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), elaborado dentro de la investigación del caso ITV, que acaba describiendo las sociedades compartidas por el matrimonio y las relaciones inmobiliarias entre Vidal y Alsina.

En la causa de las ITV, los tres están imputados por cohecho al presuntamente haber camuflado como trabajos ficticios de asesoría de Vidal a Alsina facturas que en realidad pagaban los honorarios que cobraba Oriol Pujol por mediar a favor de su empresario amigo en varias operaciones.