Las defensas de algunos de los acusados por una supuesta trama relacionada con operaciones de narcotráfico y la Fiscalía de Málaga han iniciado este lunes conversaciones de cara a alcanzar posibles acuerdos de conformidad previos al inicio del juicio, según han informado varias fuentes del caso.

Tras esta primera toma de contacto, las partes están citadas de nuevo para este martes con el objetivo de ver si se pueden cerrar algunas de esas conformidades previas, que no afectarían a los principales acusados en la causa, algunos de ellos guardias civiles del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), han indicado.

Asimismo, también se fijará una nueva fecha para el inicio del juicio y un nuevo calendario, según han precisado otras fuentes, después de que algunas defensas se hayan incorporado al proceso hace poco tiempo y no hayan podido estudiar la causa, además de que, incluso, en la sesión de este lunes otros dos letrados han renunciado.

La Sección Segunda de la Audiencia será la encargada de celebrar esta vista oral en la que hay acusadas 40 personas, seis de ellas guardias civiles. Tres de los procesados estaban en busca y captura desde la instrucción y, además de la Fiscalía, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) está como acción popular.

El fiscal acusa, según el escrito inicial, por los delitos de encubrimiento, revelación de secreto, robo, proposición para cometer delitos de tráfico de drogas, contra la salud pública, blanqueo y cohecho, entre otros. Están acusados el teniente de la Guardia Civil, exjefe del EDOA en Málaga; y otro agente de este mismo equipo.

Esta parte también acusó a otros tres agentes de la Benemérita y a algunos presuntos traficantes. Así, para el teniente, la acusación pública pide más de 30 años de prisión e inhabilitación por delitos como revelación de secreto, contra la inviolabilidad del domicilio, contra la salud pública o malversación de caudales.

En cuanto al otro miembro del EDOA, solicita más de 55 años de cárcel, añadiendo a los delitos anteriores otros como el blanqueo de capitales o el cohecho. En su escrito provisional, con 16 hechos delictivos, el fiscal describe operaciones contra el narcotráfico en Málaga y en Marbella, en las que habrían tenido alguna participación estos dos exresponsables del instituto armado.

En algunos casos, según se desprende de las intervenciones telefónicas, contactaban con personas que iban a robar alijos de drogas y habrían acordado un operativo para que esos contactos se quedaran con parte del cargamento. Además, según el fiscal, el agente acusado presuntamente colaboraba con personas de redes que introducían droga desde Marruecos, dando "cobertura y seguridad".

En cuanto al teniente, la Fiscalía señala que tenía contactos con confidentes y lo acusa de que supuestamente les avisaba de investigaciones que realizaban otros cuerpos, además de que impedía que dichas pesquisas continuaran. Además, sostiene que, por las conversaciones existentes, éste "controlaba" al menos una de las operaciones de tráfico de droga que se relatan.

En uno de los apartados de su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal relata cómo interrogaron a solas a un detenido, que era guardia civil, preguntándole por el dinero que tenía en su domicilio y, posteriormente, lo habrían desplazado a dicho piso, antes del registro judicial oficial y legalmente autorizado, para supuestamente llevarse 40.000 euros que allí había.

La acción popular, en representación de la AUGC, personada por primera vez en una causa contra miembros de la institución, acusa, además, a un excapitán de la Guardia Civil, al que, sin embargo, no incluye la Fiscalía. Esa parte considera que habría tenido participación en uno de los hechos descritos en sus conclusiones provisionales, presentadas en su momento en el juzgado.

Para este capitán, la acusación que representa a la asociación pide nueve años de prisión, al acusarlo de los presuntos delitos contra la salud pública y falsedad en documento oficial, según el escrito provisional de calificación de esta parte, en el que se apunta a la intervención de éste supuestamente irregular en una operación de droga.

Por otro lado, al teniente, exjefe de la EDOA, se le acusa de varios delitos contra la salud pública, cohecho, asociación ilícita, malversación, robo con intimidación, falsedad documental, revelación de secreto o encubrimiento, solicitando un pena de 54 años de cárcel, más multa e inhabilitación. Para otro de los acusados, esta parte pide en total 97 años de prisión.

El secretario provincial de la AUGC, Ignacio Carrasco, ha indicado este lunes a los periodistas que "hoy en día la sociedad demanda un lucha absoluta contra la corrupción y por eso la asociación está aquí personada", apuntando que, "aunque respetamos la presunción de inocencia, si ésta se quiebra vamos a ser firmes en nuestra petición de pena" para los agentes a los que acusa el colectivo.

Además, ha apuntado que este caso "escenifica que todas las personas que nosotros decíamos que podían tener relación" con el caso del asesinato de una mujer en su vivienda en 2008 —que se archivó y posteriormente fue reabierto— "están hoy sentadas en el mismo banquillo, como es el hombre imputado por esa muerte —que era su expareja— y los oficiales que llevaron el caso".