La Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía ha expresado su "indignación" por el texto planteado por el PP para modificar la actual Ley de Montes, que consideran será "negativo" para la custodia de los terrenos forestales andaluces, en el sentido de que al retirárseles de la investigación de delitos medioambientales "se dará vía libre para que furtivos, envenenadores, incendiarios y especuladores campen a sus anchas".

Desde el colectivo se ha explicado a Europa Press que, de modificarse la normativa en los términos planteados, se volvería a la "'despolítica' forestal rancia del pasado", donde los montes podrían gestionarse sin ningún tipo de documento de ordenación, "a gusto y disfrute del gestor de turno", y los terrenos forestales podrían recalificarse tras ser incendiados sin tener que esperar 30 años, como marca la ley actual, lo que propicia avivar la especulación y que se disparen el número de incendios por intereses urbanísticos y económicos.

"Los agentes forestales tendrían el papel de meras comparsas en la investigación de delitos ambientales", según el presidente de la asociación, Antonio González, que sostiene que "lo más preocupante del nuevo articulado es la exclusión de los agentes de las tareas de investigación de delitos ambientales".

"Somos funcionarios públicos formados y plenamente capacitados para investigar cualquier delito en el medio natural, conocemos a la población rural y el día a día y la problemática de las zonas forestales, y la persecución de delitos no es nada nuevo para nuestro colectivo, pues la llevamos realizando desde hace 140 años de forma satisfactoria", ha opuesto González.

Ha asegurado que "eliminar a 6.000 funcionarios públicos de la investigación de delitos contra el medio ambiente no hace sino favorecer la impunidad de los delincuentes y es irresponsable, innecesario e injustificable".

Para la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, la aprobación de la ley en los términos planteados por el PP es especialmente preocupante en el caso de Andalucía, dado que esta comunidad autónoma tiene el mayor número de agentes del Estado —por encima de los 900—, a la vez que reúne uno de los mayores y más ricos patrimonios forestales.

"un duro golpe a la conservación"

Al respecto, aducen que la retirada de las competencias en investigación de delitos a los Agentes de Medio Ambiente andaluces es "un duro golpe a la conservación del medio natural de la región".

Según expone González, "se ha invertido dinero público en la formación y especialización de nuestro cuerpo, y si ahora nuestra labor se limita a llamar al 112 como haría cualquier ciudadano y esperar a la llegada de Guardia Civil o Policía Adscrita, que serían los responsables de la investigación, estaríamos defraudando el servicio público que tenemos encomendado".

El colectivo, por último, ha expresado su deseo de que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo se pronuncie a favor de la continuidad de los agentes medioambientales en la investigación de ilícitos penales ambientales.