El Grupo Parlamentario Socialista trasladará de forma "inmediata" a Fiscalía el Informe de Fiscalización de la Gestión del Itacyl correspondiente a 2011 para que busque cualquier tipo de responsabilidad en la actuación de este ente público de derecho privado ante la posibilidad de que detrás del análisis realizado por el Consejo de Cuentas haya "mucho más".

Así lo ha anunciado el portavoz socialista en la Comisión de Hacienda de las Cortes, José Francisco Martín, tras la presentación por parte del presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, de un informe que es público desde el pasado 8 de septiembre y en el que constan, según el procurador del PSOE, un pago de 43,20 euros con fecha de 14 de diciembre de 2011 al pub 'El 31' o tres cargos por alquiler de vehículo en enero de ese mismo año por 596,7, 634,84 y otros 634,84 euros, todos correspondientes a Tierra de Sabor.

"¿Qué hace el Itacyl pagando reuniones de Tierra de Sabor en el Pub 'El 31'?", se ha preguntado Martín, quien, tras asemejar ese listado de facturas con otros de "determinadas tarjetas" —en referencia a las tarjetas opacas de Bankia—, ha insistido en la necesidad de que el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Fiscal analicen este informe para ver si existe algún tipo de responsabilidad por parte de Itacyl.

Sin embargo, tanto en el turno de réplica como en el dúplica el presidente del Consejo de Cuentas ha aclarado que el propio Ministerio Fiscal pidió en octubre el informe del órgano fiscalizador para abrir diligencias pre-procesales sobre la actividad del Itacyl en el caso concreto de los anticipos de caja fija, si bien el expediente de esa posible responsabilidad contable fue archivado con fecha de 10 de noviembre.

Este ha sido uno de los principales asuntos surgidos del debate en las Cortes del Informe de Fiscalización de la Gestión del Itacyl en 2011 en el que el presidente del Consejo de Cuentas ha reclamado a la Consejería de Agricultura que elabore una memoria técnica y económica que justifique los encargos que realiza al ente público y que permita decidir racionalmente si se deben realizar encomiendas de gestión o acudir directamente a la contratación con un tercero de dichos encargos ya que, en su opinión, la utilización de esa figura jurídica sólo busca flexibilizar los trámites que debe cumplir la contratación pública.

Así y tras advertir del incumplimiento de la ley en este precepto -la Consejería ha apelado a razones de eficacia o de falta de medios técnicos idóneos—, Encabo ha explicado que el Itacyl contrata con terceros "la parte más significativa" de sus actividades mientras que utiliza sus propios medios para las actuaciones preparatorias para iniciar los expedientes de contratación a lo que ha añadido que el grado de ejecución de esas encomiendas de gestión fue del 1,21 por ciento en 2011 frente al 86,12 por ciento de las que se encargaron en 2007, por ejemplo.

Futuro análisis de las encomiendas de gestión

De hecho, Encabo ha evidenciado el incremento en todo el país de las encomiendas de gestión de las administraciones generales a los entes públicos en un "afán", a su juicio, por eludir la contratación administrativa hasta el punto que en el año 2013 se han registrado 2031 encomiendas de este tipo (983 en Andalucía o 48 en Castilla y León) por valor de 1.600 millones de euros, por lo que ha propuesto que el Plan Anual de Fiscalización que deben aprobar próximamente las Cortes incluya un análisis más detenido de esta práctica en pro de un control más riguroso, como contempla la propia ley regional aprobada en septiembre.

En su opinión, la Junta encomienda al Itacyl funciones que, según la legislación estatal, deberíasn reservarse a la Administración de la Comunidad Autónoma para asegurar la aplicación íntegra de la Ley de Contratos del Sector Públicos.

Respecto al asunto de los anticipos de caja fija, el informe del Consejo de Cuentas advierte de pagos a un mismo acreedor que, por su importancia, podrían haber sido objeto de procedimiento de licitación por lo que recomienda al Itacyl que evite este sistema para garantizar los principios de contratación.

Del mismo modo, invita al Itacyl a tomar medidas eficaces para evitar la atomización de los pagos realizados en concepto de promoción de la marca 'Tierra de Sabor' con el establecimiento de criterios uniformes para la contratación de las diferentes actividades promocionales y su adecuado seguimiento a lo que ha añadido la necesidad de que la documentación de los expedientes y de los justificantes de gastos tengan "el suficiente grado de detalle" para conocer las prestaciones concretas contratadas.

Por último, el órgano fiscalizador advierte de que los avales concedidos por el Itacyl en 2011 -cuatro operaciones por un millón de euros— no estaban respaldados por la Ley de Presupuestos de la Comunidad a lo que ha sumado la falta de control del riesgo vivo de los mismos con dos casos, Primayor Elaborados SLU y Proinserga, que no han cumplido sus obligaciones.

En cuanto a las operaciones de endeudamiento, el Consejo de Cuentas ha detectado riesgos en la correcta tramitación del procedimiento en lo que respeta a la acreditación de la solvencia y la valoración de las solicitudes por parte de la Comisión Específica de Valoración y advierte de la falta de informes técnicos para la concesión de sendos préstamos por 855.000 euros a Embutidos Fermín y de 4,5 millones para Seda Solubles que se hicieron "al margen de la convocatoria pública".

Para los socialistas, el Informe de Fiscalización de la gestión de Itacyl en 2011es la muestra del funcionamiento de la "administración B" de la Junta que pone "los pelos de punta" ante lo que ha ironizado sobre los motivos por los que el PP censuró la realización de este tipo de auditorías a otros órganos de la Administración autonómica.

Desde las filas 'populares', el procurador Daniel Sobrados ha defendido la labor "ajustada a derecho" que lleva a cabo el Itacyl y, tras insistir en que Fiscalía no ha encontrado indicios de una responsabilidad contable por parte de este ente, ha aclarado que la carencia de un plan de actuaciones en 2011, que sí se hace en la actualidad, se debió a la situación entonces de la economía.

"Respetamos su postura pero no la compartimos del todo", ha respondido Sobrados al presidente del Consejo de Cuentas, al que ha insistido en que no se puede considerar al Instituto Tecnológico Agrario como una administración pública sino como un poder adjudicador. Respecto a los dos préstamos concedidos al margen de la convocatoria pública, lo ha justificado en la necesidad de intervención inmediata en dos empresas estratégicas para la Comunidad que atravesaban por dificultades.