El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dictado una sentencia que permite la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, según ha informado el sindicato ELA.

Con esta decisión, el tribunal resuelve contra el recurso interpuesto por la Autoridad Vasca de la Competencia, a través de los Servicios Jurídicos del Gobierno vasco, contra la Norma Foral 4/2013 de incorporación de cláusulas sociales en los contratos de obras del Sector Público Foral de Gipuzkoa.

La central sindical ha recordado que este organismo recurría la normativa basándose, para ello, en tres argumentos, como son "ser contraria a la legislación laboral introducida por la Reforma laboral, y ser contraria al derecho Comunitario y a la libre competencia por implicar sobrecostes a las empresas".

Para ELA, el TSJPV "ha desmontado uno a uno los tres argumentos". En ese sentido, ha destacado que la Administración Foral "está facultada para establecer unas obligaciones contractuales a sus licitadores, sin que ello suponga legislar contra legem".

"Es más, el tribunal llega a afirmar, en relación al último argumento relativo a la libre competencia, que exigir el cumplimiento de la legalidad laboral en ningún caso puede ser interpretado como una barrera discriminatoria", ha subrayado.

"neoliberalismo feroz"

El sindicato ha denunciado que la Autoridad Vasca de la Competencia "se erige en ariete del neoliberalismo más feroz" que pretende "hacer desaparecer toda protección" para los trabajadores. A su juicio, con sus actuaciones, tanto en esta materia como en la relativa a los horarios comerciales, el organismo "siempre ha optado por proteger los intereses de los 'lobbies' empresariales en detrimento de la clase trabajadora".

Finalmente, se ha congratulado por el "precedente positivo" que esta sentencia supone en relación con la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el sindicato para la inclusión de cláusulas sociales en toda la contratación pública de la Comunidad Autónoma Vasca.

Asimismo, ELA ha hecho un llamamiento a todos los grupos políticos para que "tomen nota y sean pioneros" con una regulación que "cierre la puerta a la explotación laboral en la administración pública".