Sobre la reunión prevista, Díaz abundaba que el objetivo es analizar conjuntamente las consecuencias de la reforma educativa en la comunidad y las posibilidades de "paliar" sus efectos. Al respecto, advierte de que la implantación de la normativa estatal "puede suponer un gran revés" por segregar a niños en edades tempranas, dificultar la igualdad de oportunidades y desactivar así la movilidad social.
En una entrevista concedida a Canal Sur Televisión, y recogida por Europa Press, Alonso, por su parte, ha vuelto a incidir en la educación como "el gran motor de cambio de una sociedad" y en los recortes presupuestarios del Ejecutivo de Mariano Rajoy en esta materia respecto al de José Luis Rodríguez Zapatero, al tiempo que ha incidido en su "decepción" tras la última Conferencia Sectorial.
Tras recordar que la Lomce ha salido sin memoria económica, siendo la primera vez que una ley orgánica "transversal" se va a financiar con dinero del fondo social europeo, el titular autonómico de Educación ha expuesto que aún no hay dotación económica para la Formación Profesional (FP) Básica, "un elemento 'estrella' que no titula y que ya advertimos que no debía sustituir a los antiguos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)".
"Hemos tenido que hacer una adaptación precipitada y corriendo de los PCPI a la FP Básica, con lo que han sobrado 2.000 puestos escolares en Andalucía", ha dicho Alonso, que ha negado que ello se encuadre en una política de confrontación con el Gobierno central en la medida en que la región se encuentra en el decimocuarto puesto por número de plazas sobrantes, habida cuenta de la reducción de ratio y de las 100 horas de asignaturas troncales implantadas por la Junta. "La educación necesita calidad, pero también inclusión y equidad, no se puede dejar a un niño fuera por razones de aprendizaje", ha asegurado.
Por lo demás, el consejero ha recordado la moratoria mínima de un año para la implantación de la reforma educativa en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato reclamada por seis comunidades autónomas que suponen el 55 por ciento de los alumnos del país, ya que "se necesita tiempo para ponerlo en marcha".
Recalcando que Andalucía no se declara insumisa y, en consecuencia, cumplirá con la ley, Alonso sí ha dado cuenta de la promoción de unas instrucciones "paliativas" para asegurar a padres, profesores y alumnos "la seguridad dentro de la legalidad".
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