La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo (PP), ha declarado este lunes ante el tribunal del 'caso PTA' que su partido decidió acudir a la Fiscalía y ampliar la denuncia que hizo el PSA contra la exalcaldesa socialista Pilar Sánchez tras "comprobar" que el domicilio social de la empresa Tecnología e Innovación Sanitaria (TISA), que iba a crear una planta de fabricación de generadores de oxígeno en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA), correspondía a una "clínica de cirugía estética".

Asimismo, ha explicado que en dichas "comprobaciones" constataron también que esta sociedad "modificó su objeto social para adaptarse a los requisitos exigidos y obtener la subvención", cifrada en 244.000 euros a descontar en el precio final de la compra del suelo para instalarse en el PTA.

En el cuarto día del juicio que acoge la Sección Octava de la Audiencia Provincial por el 'caso PTA', por el que se sientan en el banquillo Sánchez y seis imputados más, García-Pelayo ha explicado que el objetivo del protocolo con el Ministerio de Agricultura y el Ayuntamiento en 2003 —que coincidió con su primera etapa como alcaldesa— era traer empresas a Jerez "con vinculación al sector agroindustrial" con la puesta en marcha del PTA.

Asimismo, en su declaración en calidad de testigo —el Ayuntamiento ejerce la acusación junto con la Abogacía del Estado— ha precisado que cuando fue elegida alcaldesa en 2011 y asumió la gestión del Ayuntamiento decidieron "dar facilidades" a las empresas interesadas en instalarse en el PTA ante los problemas de financiación, pero "sin modificar" los criterios, valoraciones y el precio del suelo, como ahora se cuestiona en el caso de TISA por parte de sus predecesores.

De igual manera ha recalcado que todos los acuerdos adoptados en este sentido en su etapa como alcaldesa se han hecho "conforme a la legalidad" y "dentro de los límites posibles", después de llegar a afirmar que "en este Ayuntamiento se han firmado informes con reparos", y que fue la propia exalcaldesa —por Pilar Sánchez— la que firmó documentos teniendo el reparo "verbal" del interventor en el 'caso Desvío de Fondos', por el que ha sido condenada a dos años de cárcel.

No obstante, ha coincidido con Sánchez cuando se refirió al expediente de TISA en que a Alcaldía llegan "cientos de documentos a diario" y, por tanto, "no se pueden leer todos los expedientes" por lo que, en su caso, se limitaba a "estampar su firma" una vez que comprobaba que "iban las firmas de los técnicos".

En la vista de este lunes también ha declarado el actual candidato a la Alcaldía del PSA, Santiago Casal. Cabe recordar que fue su partido el que presentó en 2009 la denuncia en la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en la concesión de esta ayuda a TISA.

En este sentido, se ha referido a la existencia de un informe en el que en el Ayuntamiento se dio la "máxima puntuación" a la sociedad TISA equivalente al 40 por ciento de las ayudas establecidas para instalarse en el PTA, "a sabiendas de que no se estaban haciendo las cosas bien".

La Fiscalía y las acusaciones piden siete años de prisión para Sánchez y 16 de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

El caso sienta también en el banquillo a los exdelegados municipales de Medio Rural y Fomento, Carmen Martínez y Francisco Lebrero, respectivamente, para los que piden cuatro años y medio de cárcel, además de a los tres empresarios de la sociedad, para los que solicitan idéntica pena.

El último imputado es un capataz agrícola que firmó el expediente final de las ayudas ante la negativa de su jefe a hacerlo. Por ello, se enfrenta a dos años y tres meses de prisión.

La previsión es que el juicio se prolongue hasta el día 30 y que presten declaración una treintena de testigos. El miércoles está prevista la declaración de uno de los testigos clave, el técnico municipal que era director del Departamento de Desarrollo Rural, el cual redactó el informe definitivo para conceder la ayuda a TISA y que finalmente se negó a rubricar.