El Grupo Mixto ha presentado en las Cortes de Castilla y León una proposición de ley para la recuperación de la memoria democrática en la Comunidad de Castilla y León, que contempla entre otras cosas que las instituciones se encarguen de las exhumaciones, se cree un censo de desaparecidos o un banco de ADN.

El portavoz del Grupo Mixto y coordinador autonómico de IU, José María González, ha presentado la proposición junto a la responsable de la Secretaría de Solidaridad y Derechos Humanos de Izquierda Unida, Sara Doval.

González, quien ha explicado que se trata de una iniciativa que presenta el Grupo Mixto y por lo tanto cuenta con el apoyo de UPL, ha incidido en la necesidad de "reparar" la deuda histórica que existe con quienes dijeron su vida en defensa de la Democracia y la "legalidad democrática republicana", aunque ha aclarado que este texto no deja fuera a ninguno de los bandos.

El objetivo, ha añadido, es que desde el Gobierno autonómico y Castilla y León en su conjunto se asuma que no sólo hay que hacer una reparación de la memoria, sino también histórica, porque lo físico y de las familias es "imposible".

La ley que propone el Grupo Mixto se estructura en torno a 65 artículos, siete capítulos, cuatro disposiciones adicionales y dos finales, ha señalado González, quien se ha mostrado convencido de que en el Parlamento autonómico hará un "esfuerzo" para hacer realidad el proyecto.

El portavoz del Grupo Mixto ha explicado que la proposición se presenta tras la ley estatal para la Recuperación de la Memoria Histórica, los diferentes pronunciamientos de Naciones Unidas o el trabajo de las asociaciones de la memoria, a las que ha reconocido su labor.

González cree que el texto, que se presenta tras la aprobación de una ley similar en Andalucía y que tiene bastante en común con la misma, se acabará debatiendo y aprobando en las Cortes antes del fin de la legislatura, con lo que la ciudadanía, a su juicio, tendría un "arma" de defensa de lo castellanoleonés y se incorporaría a las comunidades que ya han legislado en este sentido como Andalucía.

Cuestión "intergeneracional"

Además, ha añadido que se siente orgulloso de presentar un texto que pretende hacer un reconocimiento personal, remover la propia memoria y la colectiva y que además trata de que el "paisaje y el paisanaje" se reconozcan, tras lo que ha añadido que no se trata de una cuestión que afecta a personas de 90 años sino que es algo "intergeneracional".

José María González ha partido de la "presunción de inocencia" del PP y en la "buena voluntad" de los que gobiernan y el partido mayoritario y ha añadido que le "encantaría" que el PP de Castilla y León pudiera "ponerse la medalla" de hacer esta proposición suya. En este contexto, ha asegurado que entre los familiares de personas desaparecidas o fallecidas por la represión hay votantes del PP, igual que a la inversa, y ha incidido en que algunos ayuntamientos en los que no está IU han tomado medidas como cambios de nombres franquistas.

El portavoz del Grupo Mixto espera que no haya veto de la Junta para llevar esta proposición al pleno, ya que han cuidado los aspectos que podrían motivarlo, y ha asegurado que hablará personalmente con los portavoces y negociará su inclusión en sesión plenaria en la primera Junta de Portavoces.

Por su parte, Sara Doval ha incidido en que la proposición se lleva al Parlamento autonómico "por justicia, por verdad" de lo ocurrido durante la Guerra Civil y el Franquismo y considera que "tras 79 años ya está bien de consentir la indiferencia de las instituciones y la sociedad".

Entre las razones que ha argumentado para impulsar la iniciativa, Doval ha señalado que a pesar de que algunos creen que es remover el pasado, hay 114.000 fusilados y gente en el campo "con un tiro en la cabeza" y cree que no hacerlo sería como decir que se olviden de las víctimas del terrorismo o renunciar a que se explique lo que ocurrió el 11-M.

Así, cree que mientras no se dé "sepultura digna" a estas personas no se puede avanzar y hablar de "democracia real", ha señalado la responsable de IU, quien ha añadido que en España hay 1.200 fosas, unas 2000 en Castilla y León, y ha asegurado se trata del país donde más fosas comunes hay después de Camboya.

Cumplir la ley

Además de para cumplir con las recomendaciones de Naciones Unidas, se trata de que la Comunidad cumpla la ley de la Memoria aprobada en 2007, puesto que las administraciones públicas de Castilla y León "lanzan balones fuera" y no la aplican, por ello considera necesario un desarrollo normativo.

En cuanto a las actuaciones concretas que establecería esta ley están la localización de las personas desaparecidas, su identificación, exhumación y realización de pruebas de ADN, la custodia de los objetos encontrados y, en su caso, comunicación a la autoridad judicial de la aparición de restos por si fuera necesario llevar a cabo alguna actuación.

Asimismo, se contempla la creación de un comité técnico multidisciplinar para llevar a cabo esta labor, de un censo público de desaparecidos que recojan los datos que se conozcan sobre las circunstancias en las que desaparecieron, un banco de ADN o el establecimiento de lugares de la memoria democrática, espacios que tengan alguna relación con la represión como pudieran ser la cárcel de Palencia o el campo de concentración de Aranda de Duero (Burgos).

Otra de las propuestas de IU pasa por incluir la memoria democrática en el currículo de Enseñanza Secundaria y Bachillerato, garantizar la accesibilidad a los archivos históricos —en respuesta a las quejas de numerosas asociaciones— o establecer la retirada de símbolos de exaltación del Franquismo o la eliminación de símbolos que ensalzan la dictadura.

Doval considera que sería "hipócrita" tener una ley como la estatal y que se busquen excusas para no aprobar esta, algo que considera que demostraría que algunos son los "herederos" de esta represión y obligaría a acudir a juicios, como ya se ha hecho, para cumplir la legislación estatal.

El texto también propone la participación de los movimientos sociales de la memoria a través de un Consejo Democrático con carácter consultivo o la creación de un Centro de Interpretación, entre otras cuestiones.

En sus disposiciones adicionales, se contemplan actuaciones para aclarar las desapariciones o adopciones irregulares de niños, algo que cree que las administraciones deberían investigar, pero además IU pide la nulidad de los juicios militares o civiles por motivos políticos o el establecimiento de una Comisión de la Verdad.