Delegación del Gobierno prohibirá la concentración contra el Islam por "potencial" riesgo de desorden público

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, ha avanzado este viernes que se prohibirá la concentración convocada para el 23 de enero por un "patriota europeo" frente a la mezquita de Xúquer de Valencia bajo el lema 'Valentía contra el Islam' por el "potencial" riesgo de desorden público y para "garantizar" derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
DELEGADO DEL GOBIERNO
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El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, ha avanzado este viernes que se prohibirá la concentración convocada para el 23 de enero por un "patriota europeo" frente a la mezquita de Xúquer de Valencia bajo el lema 'Valentía contra el Islam' por el "potencial" riesgo de desorden público y para "garantizar" derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

Castellano ha realizado este anuncia en el transcurso de un desayuno que ha mantenido con los medios de comunicación de Castellón al ser preguntado al respecto.

Así, ha explicado que se comunicará por parte de la Delegación del Gobierno al convocante la prohibición de realizar la concentración, "pues nuestro criterio es defender al máximo cada una de las concentraciones y manifestaciones que se realicen en favor del derecho de expresión, de reunión, de concentración y garantizarlas en todo momento" pero ha recalcado que, en esta ocasión, creen que puede haber "potencialmente cuestiones de orden público y de la sensibilidad que existe respecto de los atentados del terrorismo yihadista".

Un informe policial la desaconseja

Además, ha subrayado que tienen también que defender "derechos fundamentales como es la libertad religiosa y de culto". En este sentido, entiende que con el lema de convocatoria "no se puede calificar al islam haciendo referencia a cuestiones concretas de terrorismo y, por tanto, además de que hay un informe policial que desaconseja la concentración, vamos a prohibirla porque se trata de evitar males mayores en cuanto a potencialidad de desorden público y de defender derechos fundamentales de todos y cada uno de los ciudadanos".

Castellano ha insistido en que "la línea política de la Delegación del Gobierno es siempre la de autorizar todas las convocatorias de concentraciones, salvo que existan otro tipo de derechos fundamentales que también se tengan que proteger".

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