UGT y CCOO han rechazado el Decreto de retribuciones para los empleados de la Junta de Castilla y León por proponer una nueva congelación salarial, según se ha puesto de manifiesto en la reunión de la Mesa de Empleados Públicos celebrada este miércoles.

En concreto, UGT ha criticado que el Decreto no tenga "recorrido alguno" ni margen de negociación, cuando ya se han publicado los Presupuestos de la Junta de Castilla y León para el año 2015 con un contenido que presenta "escasas variaciones" con respecto a los anteriores y los cambios producidos durante su tramitación parlamentaria han sido pocos.

"Presupuestos continuistas con los anteriores, en la senda negativa con respecto a los Servicios Públicos y sus empleados en base a una obsesión "enfermiza" de reducir la inversión social en perjuicio de la ciudadanía", ha señalado UGT en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, el sindicato ha incidido en que si además se tiene en cuenta que es año electoral, "estos presupuestos podrían verse prorrogados de cara a 2016 como ya sucedió anteriormente, dado el escaso margen con que contará el gobierno elegido para la elaboración de unos nuevos".

Por ello, UGT considera que se habla entonces de una consolidación de recortes en el Sector público "sin precedente", acompañado de una "extrema" congelación salarial.

Asimismo, ha censurado que la convocatoria de la reunión de la Mesa de Empleados Públicos se haya producido con una hora de antelación con respecto al Consejo de Función Pública, lo que "no da mucho margen de negociación y presume la nula voluntad negociadora de la Junta de Castilla y León en el aspecto de las retribuciones".

UGT ha calificado de "indecencia" que se permitan hablar de mejora económica, "que solo van a percibir unos pocos". "La realidad es que los empleados públicos ni sentimos ni la vemos", ha añadido.

Subida de altos cargos

El sindicato ha añadido que frente al 3,2 por ciento de subida de salarios del personal de alta dirección que recientemente ha aprobado el Gobierno central, los empleados públicos "serán nuevamente los paganos de la crisis y los que no verán recuperados ni su poder adquisitivo ni sus derechos".

Así, ha insistido en que el Decreto no sirve para "resarcir el daño originado con la supresión en su momento de la paga extraordinaria", ya que éstas se percibirán conforme a los derechos retributivos recogidos en la legislación vigente.

Para UGT lo "más significativo" de este Decreto es que contempla el reconocimiento de los 44 días devengados de la paga extraordinaria de 2012. "Eso sí, se trata de una cuantía que no se consolida en las retribuciones ordinarias de los empleados públicos, al tratarse de la devolución de algo que nos quitaron con anterioridad", ha explicado.

Por otra parte, ha incidido en que el Decreto tampoco incorpora en su texto aquellos aspectos derivados de las sentencias que sobre cuestiones retributivas se han ido dictando y "ahorrar" así a todos trámites posteriores, por lo que UGT ha pedido que se contemple en el texto definitivo, "para evitar más gastos".

Por su parte, CCOO ha trasladado a la Junta que la "pregonada y aún presunta recuperación" de la economía española no se ve reflejada en su propuesta de retribuciones, ya que plantea una nueva congelación por quinto año.

Por esta razón, CCOO ha rechazado la propuesta de Decreto de la Junta y entiende que no es posible la recuperación de la economía y del consumo interno sin una política de mejora salarial y que corresponde, precisamente, a las diferentes administraciones "comenzar a marcar pautas que orienten a otros sectores a esa necesaria recuperación que saque al país de la recesión".

Así, el sindicato ha propuesto la recuperación del poder adquisitivo perdido en estos cinco años (5 por ciento de 2010, cien por cien de la paga extra de 2012, congelaciones salariales últimas, etcétera).

Además, "con esa misma lógica de retorno de los derechos recortados por la Administración regional y central", considera necesario abordar ya un plan de recuperación de los diferentes derechos laborales en materia de jornada, acción social y actuaciones en materia de empleo público perdido que permita "situar nuevamente los servicios públicos en una senda efectiva y real acorde con la mejora de la economía que se anuncia".