Los dos ex delegados municipales socialistas de Fomento y Medio Rural en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) Francisco Lebrero y Carmen Martínez, respectivamente, ambos imputados en el 'caso PTA', han negado en sede judicial haber recibido instrucciones de la exalcaldesa socialista Pilar Sánchez para favorecer a la empresa Tecnología e Innovación Sanitaria (TISA) en la obtención de una ayuda municipal de 244.000 euros para comprar suelo e instalarse en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA).

En el segundo día del juicio que acoge la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, la juez y presidenta del tribunal, Lourdes Marín, ha reprochado a Lebrero y Martínez que se "tiren la pelota de uno a otro" a la hora de señalar cuál de sus departamentos tenía las competencias para decidir si las empresas cumplían los criterios para instalarse en el PTA y podían beneficiarse de las subvenciones municipales.

Tanto la juez como el fiscal han preguntado también por la existencia de un segundo informe —el definitivo— firmado por un técnico municipal encargado del mantenimiento del edificio del PTA —también imputado—, pero redactado por su jefe de departamento, que se negó a rubricarlo.

En dicho informe se otorgaba la máxima puntuación (12) a TISA para recibir una ayuda municipal de 244.000 euros para llevar a cabo una planta de fabricación de generadores de oxígeno.

A este respecto, los dos ex delegados municipales han negado haber recibido instrucciones y haberse "confabulado" con la entonces alcaldesa, Pilar Sánchez, para que dieran orden de que se emitiesen un informe favorable a TISA para la concesión de esta ayuda.

Sin relación con tisa

En esta misma tónica, los dos exediles socialistas han rechazado que conocieran a los empresarios de TISA, así como que se hayan reunido con ellos en sus respectivas delegaciones para abordar este tema.

En este sentido, Lebrero ha reiterado que "ni he tenido relación con TISA, ni con los técnicos de TISA, ni mis técnicos se han reunido con los técnicos de TISA", tras advertir que su delegación "tenía otra área de trabajo".

Asimismo, ha admitido que sí asistió a varias comisiones técnicas de seguimiento en las que se abordaba la incorporación de empresas al PTA en función del protocolo firmado entre el Ministerio de Agricultura y el Ayuntamiento en 2003 que derivó en un posterior convenio en 2005, pero "no tomó decisiones" ni tenía capacidad "para intervenir en otras delegaciones" como vicepresidente del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad.

Por su parte, Martínez ha explicado que se incorporó al Ayuntamiento en junio de 2008 para estar al frente de la Delegación de Medio Rural y ha dicho que "nunca" participó en la adjudicación de terrenos para las empresas que se querían instalar, y que sus competencias "agroindustriales" se limitaban a las empresas que ya estaban instaladas en el PTA.

A la espera de que este jueves declare el técnico municipal acusado y aclare en qué condiciones firmó el informe de su superior en el que se adjudicaba la ayuda a TISA, Martínez ha explicado que las órdenes para que se rubricara dicho documento vinieron "de arriba", en referencia al Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad.

De igual manera, ha aclarado que ante la negativa del director del departamento de Medio Rural a firmar el informe que él había redactado previamente donde TISA obtenía la puntuación máxima para recibir una subvención —lo cual achaca a su enfado por no ser nombrado gerente del PTA—, fue ella quien, confiando en su "capacitación", le pidió al procesado que lo rubricara sin que éste se opusiera en ningún momento.

Para este jueves está prevista la declaración del técnico municipal imputado y la exalcaldesa Pilar Sánchez, para quien la Fiscalía y las acusaciones —que ejercen la Abogacía del Estado y el Ayuntamiento de Jerez— solicitan siete años de cárcel y 16 de inhabilitación por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Asimismo, para el próximo lunes está citada a declarar como testigo la actual alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (PP), en el transcurso de un juicio que se prolongará hasta finales de mes.