UCE-A ha lamentado este miércoles que se "extravíen o no lleguen a ninguna parte" algunas de las denuncias que interponen las organizaciones de consumidores ante la Administración de Consumo.

En una nota, señala que el pasado 7 de enero el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, anunció el inicio de una actuación de oficio para conocer en profundidad el ejercicio de la potestad sancionadora por los Servicios de Consumo de la Junta de Andalucía.

Desde el departamento que dirige Maeztu también se informó de que la tramitación de quejas en materia de consumo les ha permitido vislumbrar algunos aspectos que consideran que podrían mejorarse, y que son muchas las situaciones en las que los legítimos derechos de las personas consumidoras y usuarias quedan a la voluntad de las empresas sin sanción o reparación alguna. También que los mecanismos judiciales son costosos y lentos, lo que lleva al desistimiento en la mayoría de los casos.

La Unión de Consumidores de Andalucía coincide con este análisis del Defensor del Pueblo Andaluz y también alerta sobre "la dudosa" capacidad para la gestión eficaz de las reclamaciones por parte de la Administración andaluza.

"Nos consta que son muchos los retrasos en la tramitación de expedientes sancionadores y que es posible que prescriban muchos casos. Pero, en cualquier caso, estimamos que lo más grave es la falta de información de la Administración de Consumo sobre las actuaciones que se desarrollan tras la denuncia, que muchas veces esconde la derivación de 'la patata caliente' a otros organismos o entidades y la falta de celo en el seguimiento de los procesos de investigación", ha subrayado.

Un ejemplo claro de esto, según UCE-A, es "la increíble peripecia" a la que asiste la organización de consumidores tras denunciar en 2009 las supuestas prácticas fraudulentas de publicidad engañosa de diversas marcas de crecepelos.

Por último, UCE-A valora y apoya las actuaciones acometidas desde el Defensor del Pueblo de Andalucía para analizar la efectividad de los procedimientos y de las sanciones en materia de consumo de los servicios de la Junta de Andalucía.