Los letrados que representan a los ciudadanos británicos propietarios de las cinco viviendas en Oria (Almería) sobre las que pesa una petición de demolición por parte de la Fiscalía han presentado un incidente de nulidad de actuaciones argumentando que no se le ha hecho ofrecimiento de actuaciones a sus patrocinados y no se les ha dado traslado de las actuaciones para formular acusación y proponer prueba en la fase intermedia del procedimiento.

La vista oral estaba señalada para este martes en el Juzgado de lo Penal 2 de Almería, cuyo titular ha aplazado 'sine die' la celebración del juicio y ahora deberá pronunciarse sobre si procede retrotraer las actuaciones y, por tanto, devolver la causa al Juzgado de Instrucción Único de Purchena para subsanar esta circunstancia.

El abogado Gerardo Vázquez, quien defiende los intereses de un matrimonio septuagenario con "graves problemas de salud" y cuya personación fue aceptada el pasado día 9, ha remarcado la situación de "indefensión" en la que están los perjudicados en la causa penal que se sigue contra dos constructores y ha hecho hincapié en que la tónica es que "los dueños de casas ilegales con derribo se queden además sin indemnizacion al declararse insolventes los promotores".

"Nosotros vemos aquí también una posible responsabilidad del Ayuntamiento de Oria que no hemos podido alegar y sustentar porque no hemos sido parte en el procedimiento", ha lamentado Vázquez, quien ha puesto como ejemplo el caso de otra propietaria afectada "a la que ni siquiera se citó en su día a declarar y que no ha sabido nada de este procedimiento hasta prácticamente hoy".

Las casas, localizadas en la Rambla de Oria, fueron promovidas y construidas supuestamente sin licencia municipal de obras y sobre suelo calificado como no urbanizable, por lo que el fiscal considera que no son autorizables e interesa su derribo para, de este modo, restaurar la legalidad alterada.

Según relata la acusación pública en su escrito de calificación provisional, el acusado D.R.G., promotor y constructor, edificó entre los años 2003 y 2004 en el paraje conocido como la Rambla de Oria cuatro casas unifamiliares "sin la correspondiente licencia municipal y en suelo no urbanizable" que, según remarca, no son autorizables.

D.R.G. celebró supuestamente contratos privados de compraventa con el fin de enajenar a terceras personas tres de las cuatro casas, por lo que interesa para él la imposición de una pena de dos años de cárcel y multa de 24 meses a razón de 30 euros al día, además de inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la construcción por un periodo de 24 meses.

En el caso del segundo acusado, identificado como A.A.R., la Fiscalía sostiene que, como promotor, edificó "sin licencia municipal y en fecha posterior a septiembre de 2004" una vivienda unifamiliar en el mismo paraje y sobre suelo también "no urbanizable" al tiempo que celebró contrato de compraventa para enajenarla a un tercero.

Para él, interesa, además de que se haga cargo del coste del derribo y de la indemnización, una pena de 15 meses de cárcel y multa de 18 meses a razón de 30 euros al día, así como inhabilitación especial para profesión u oficio en la construcción por un periodo de dos años.