La Unión de Pequeños Agricultores de Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha ha advertido que "fiscalizará los programas electorales" para valorar su grado de compromiso con el sector del campo regional y "comprobar posteriormente si cumplen cada una de las propuestas".

El secretario regional de UPA, Julián Morcillo, ha criticado las "limitaciones hídricas a los agricultores de la región mientras se trasvasan cantidades ingentes de agua a otras comunidades limítrofes", según ha informado la Unión en nota de prensa.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno regional "no sólo no ha cumplido compromisos con los que se presentó a las elecciones, como la regularización de los pozos de los agricultores profesionales en el Alto Guadiana, sino que ha aprobado unos Planes Hidrológicos de Cuenca que declaran sobreexplotados muchos de los acuíferos de nuestra región, con el consiguiente recorte en el uso del agua".

VIÑEDO

En cuanto al viñedo, el secretario general ha lamentado que "los precios de la uva han sufrido una bajada histórica que también repercutirá en los bajos precios de los próximos años", añadiendo que "lo único que se planteó fue la obligación de 'regalar' vino, aprobando una destilación obligatoria sin precio que hundió los precios del mercado".

Asimismo se ha referido a la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC), de la que ha manifestado que supone "más burocracia y menos dinero para los agricultores y ganaderos de la región", censurando que con ella "los que más ganan son marquesados, empresarios taurinos, cotos de caza, empresas de la construcción, balnearios, industrias cárnicas y lácteas, a costa de reducir los pagos a agricultores y ganaderos profesionales.

Morcillo también ha insistido en que "se recortan las subvenciones para la contratación de seguros agrarios", algo que, ha afirmado, "está poniendo en riesgo una herramienta básica y fundamental para garantizar las rentas agrarias".

Finalmente, el secretario general de

Upa clm ha mostrado su preocupación por "las autorizaciones de la Dirección General de Industria de Castilla-La Mancha y el Ministerio para proyectos de fracking en la región", que según él "ponen en riesgo los acuíferos y los recursos naturales de la zona". Por ello, ha señalado que su organización rechaza "rotundamente" la puesta en marcha de estas técnicas en la región.

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