La justicia de Colombia ordenó el lunes capturar a otros cinco congresistas activos y a quince políticos por sus supuestos nexos con los escuadrones paramilitares de ultraderecha, una decisión que agravó el escándalo y la crisis política que sacude al país.

Al mismo tiempo, el Gobierno admitió que unas grabaciones que probarían cómo antiguos miembros de los escuadrones paramilitares de ultraderecha dirigen actividades criminales desde la prisión fueron realizadas ilegalmente por la policía, lo que podujo un cimbronazo en la cúpula de esa fuerza.

Con las órdenes de arresto de la corte se elevó a 13 el número de legisladores encarcelados en medio de la investigación criminal, la mayoría de ellos aliados del presidente Alvaro Uribe en el Congreso.

Uribe enfrenta en Estados Unidos una fuerte oposición de los escépticos congresistas demócratas, renuentes a aprobar un Tratado de Libre Comercio bilateral y la ayuda militar para combatir el narcotráfico y la guerrilla por los supuestos nexos de políticos aliados con los paramilitares.

"La sala penal dispuso medida de aseguramiento contra los cinco congresistas acusados de suscribir el pacto de Ralito.

El cargo que se les imputa es el de concierto para delinquir agravado", dijo el presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Gómez.

Simultáneamente, la Fiscalía General ordenó capturar a otras 15 personas por sus supuestos vínculos con los escuadrones paramilitares, incluida la ex representante a la Cámara Eleonora Pineda, quien ha reconocido abiertamente su relación con esas agrupaciones ilegales.

Pero el fiscal general, Mario Iguarán, dijo que una de las 15 ordenes de arresto no se cumplió por tratarse de una persona de avanzada edad.

Acuerdos para refundar la patria

Los cinco congresistas a quienes la Corte Suprema ordenó arrestar, Pineda y las otras personas investigadas por la Fiscalía, firmaron en el 2001 un acuerdo con los paramilitares para refundar la patria y establecer un nuevo contrato social.

Los legisladores aseguraron en su defensa que se vieron obligados a firmar el documento bajo amenazas de los paramilitares, pero la corte desestimó el argumento.

"La corte con base en las pruebas existentes comprobó, demostró (...) que no hubo esa coacción, que hubo conocimiento y voluntad en la suscripción del documento", explicó Gómez.

La Constitución Política concede un fuero especial a los congresistas, quienes deben ser investigados por la corte, pero la Fiscalía asume los casos de quienes no son legisladores.

Las ordenes de captura y la investigación del Gobierno coinciden con anuncios de que antiguos comandantes paramilitares han manifestado su disposición de revelar ante la justicia los nombres de políticos, militares y empresarios que los apoyaron en su lucha contra la guerrilla izquierdista.

El Gobierno nombró como nuevo director de la policía al general Oscar Naranjo, luego de que le pidieran el retiro el comandante de la fuerza, general Jorge Daniel Castro, y al jefe de inteligencia, en un descabezamiento de la cúpula policial que implica la salida de 11 generales.