Esquerra Unida (EU) ha exigido que "se asuman responsabilidades políticas por las contrataciones irregulares del IB-Salut" y ha reclamado que la fiscalía investigue si constituyen un delito para que los informes sobre el caso no se queden "en papel mojado".

Así lo ha expresado la formación política en un comunicado en el que ha recordado que los informes de la Sindicatura de Cuentas ya advertían "un cúmulo de irregularidades en la gestión económica del IB-Salut" y que "ahora es el Consell Consultiu el que constata la vulneración sistemática de la legalidad" de la entidad a la hora de contratar suministros.

EU ha señalado que "proliferan las contrataciones verbales, una fórmula prohibida para las administraciones públicas, sin ningún tipo de concurso", y que "una quincena de estas contrataciones se encuentran en proceso de revisión para declarar el reconocimiento extrajudicial de deudas".

Según EU, se trata de unos servicios o suministros que las empresas han realizado sin ningún tipo de contratación formal y sin que haya partida presupuestaria.

"Lógicamente, las empresas tienen derecho a cobrar, pero el IB-Salut no podía contratar estos servicios de palabra y adjudicándolos a dedo", ha protestado EU.

La formación ha añadido que "para poder hacer el reconocimiento extrajudicial y el pago, IB-Salut necesita la autorización del Consell Consultiu", un organismo que EU considera "menospreciado por el Govern cuando hace sus dictámenes, al que se recurre para salvar esta situación, producto de una gestión económica desastrosa".

Según el comunicado de EU, "sólo por el suministro de oxígeno se deben más de cuatro millones de euros" por un servicio que según el Consell "se ha prestado sin contrato y sin cobertura presupuestaria", algo que el grupo político ha criticado ya que se estaría "utilizando de manera sistemática un mecanismo que la ley prevé como excepcional".

Asimismo, EU ha hecho hincapié en que "esta forma de contratar no sólo es ilegal, sino que impide valorar las mejores ofertas y decidir sobre la más conveniente" y que "las cantidades que se acaben pagando pueden ser superiores al coste efectivo del servicio y a la vez suponen un trato de favor hacia la empresa contratada de manera irregular, impidiendo la competencia de otras empresas".

"El Govern Bauzá presume de transparencia y de haber acortado el término para pagar las facturas a las empresas administradoras, pero en el caso de estas contrataciones, la transparencia no existe y las empresas desconocen cuándo podrán cobrar unas facturas por unos servicios que han prestado, aunque sea de manera irregular", ha manifestado EU, que no considera satisfactoria las explicaciones atribuidas a los cambios de estructura que ha sufrido el servicio de salud durante esta legislatura, ya que además "no se da ningún término para corregir la situación".

De este modo, EU ha exigido que se asuman responsabilidades polítícas y que la fiscalía inicie una actuación de oficio para determinar "si esta vulneración sistemática de la legislación puede ser constitutiva de infracciones penales", ya que de no hacerse así los informes de la Sindicatura de Cuentas y del Consell Consultiu "se pueden quedar en papel mojado".