El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, considera "razonable" que los tribunales de justicia sean los que determinen "si el anterior gobierno actuó bien o mal" respecto a la instalación del proyecto de almacén gasístico Castor frente a la costa de Castellón y Tarragona.

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas en su visita al centro de acogida al refugiado de Mislata, preguntado por el recurso presentado por el PSOE en el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 13/2014 por el que se establecen, entre otras cosas, medidas "urgentes" para compensar la inversión de la empresa

Escal ugs, S.L. por la paralización de ese proyecto.

Al respecto, ha señalado que "todo lo que está en manos de la justicia hay que respetarlo" y asumir las resoluciones judiciales.

Castellano opina que "cualquier cuestión sobre la que caiga algún tipo de duda hay que aclararla" y que, por tanto, "si ahora en cuanto a los procedimientos en cuanto a la instalación ha habido algún tipo de duda, lo razonable es que sean los tribunales de justicia los que lo digan".

Además, ha defendido que "el actual Gobierno de España ha actuado como tenía que hacerlo, primero anulando cualquier tipo de riesgo que pudiera tener la plataforma en cuanto a los movimientos sísmicos y en cuanto a seguridad de la zona y de la población", algo de lo que se ocupó en primer lugar y que quedó "totalmente garantizado".