La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales recibió durante el primer semestre de 2014 más de 6.200 solicitudes del Ingreso Mínimo de Solidaridad —salario social—. De ese montante y en el citado periodo, la Junta concedió esta ayuda económica a 1.615 familias sin recursos.

Así se desprende de una respuesta de la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, a una pregunta de la parlamentaria andaluza de IU Dolores Quintana, quien ha considerado "alarmante" que se superasen las 6.000 solicitudes.

A juicio de Quintana, ello evidencia que "la pobreza sigue avanzando y no hay una recuperación económica real", así como "la necesidad de implantar la renta básica". Por ello, ha demandado a la Junta "más agilidad".

En concreto, durante los seis primeros meses del año 2014, la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta registró un total de 6.260 solicitudes para recibir el Ingreso Mínimo de Solidaridad.

En este periodo se resolvieron 2.569 expedientes, de los que 1.615 tuvieron como resultado la resolución de concesión de dicha prestación, que se da por seis meses y que permite a las familias cubrir sus necesidades básicas.

Pago de las prestaciones aprobadas

El cien por ciento de las prestaciones aprobadas están en proceso de pago, se especifica en la respuesta de Sánchez Rubio, a la que ha tenido acceso Europa Press. Además, se expone que los abonos realizados en el semestre señalado ascendían a 11,1 millones de euros.

Quintana ha advertido de que "la pobreza sigue creciendo y, en consecuencia, cada vez más familias tienen que recurrir al salario social". Ha avanzado, asimismo, que su formación preguntará a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales acerca de "las razones por las que de esos 2.569 expedientes resueltos, sólo en 1.615 casos se concedió la prestación".

Para la parlamentaria de la coalición de izquierdas, de estos datos se deriva también la necesidad de que "el Estado no ahogue más las finanzas autonómicas para así poder responder a la situación de los andaluces, que en algunos casos es dramática".

El Ingreso Mínimo de Solidaridad se gestiona dentro del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, que surgió en 1990 para reforzar las políticas de protección social y reducir la desigualdad existente.

A través de él se concede el denominado salario social, una prestación mensual que perciben las familias con menos ingresos económicos para contribuir a mejorar su calidad de vida.

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