La Universidad de Málaga (UMA) ha solicitado información a la Junta de Andalucía "sobre cómo actuar a partir de este momento" en relación con el expediente disciplinario al responsable de la Secretaría Política de Podemos, Iñigo Errejón —que sigue abierto—, dado que éste finalizó su contrato con la institución el pasado 16 de diciembre.

Así se explicó en la sesión del Consejo Social de la Universidad, celebrada este pasado lunes, según han informado este martes desde la institución a través de un comunicado.

En dicha sesión, la rectora, Adelaida de la Calle, respondió a las preguntas formuladas por el representante del PP, Javier Gutiérrez del Álamo, relativas, entre otros asuntos, a la situación de Errejón y su expediente disciplinario; así como a los contratos de investigación suscritos por la UMA.

Así, en cuanto a estos contratos de investigación que la UMA mantiene en la actualidad, según han informado desde la Universidad, se propuso, "como medida adicional de control", la creación de una comisión para estudiar su grado de cumplimiento.

Por otro lado, con respecto a la Fundación General de la Universidad, la rectora de la UMA explicó que se trata de una entidad de carácter privado, "como ha constatado el Ministerio de Educación", a través de un certificado con fecha de 19 de mayo de 2010.

Asimismo, apuntó que también lo avala un informe jurídico de un despacho de abogados, con fecha de diciembre de 2013; la Junta de Andalucía, "en contestación a la solicitud dirigida a esta Universidad con fecha 7 de abril de 2014"; así como el Defensor del Pueblo Andaluz, "en un escrito con fecha de 20 de mayo de 2014".

También se explicó que los abonos realizados por la Universidad a la Fundación General "corresponden a servicios académicos prestados por ésta como apoyo a la labor docente de la UMA". A lo largo de los años, estas transferencias "nunca han representado más del 40 por ciento del presupuesto total de la Fundación, y en el ejercicio 2014, solo han supuesto un cinco por ciento", detalló.

Asimismo, la rectora informó de que los pagos realizados a la profesora Amparo Ruiz Sepúlveda se "atienen al convenio suscrito por la UMA y la Junta de Andalucía, en virtud del cual dicha docente realiza labores de asesoramiento en la Consejería de Economía e Innovación". "Su importe es reintegrado en su totalidad a la UMA por la Junta de Andalucía", añadió la rectora.

Desde la UMA han indicado que los miembros del Consejo Social, incluido el representante del PP, "mostraron su completa satisfacción" ante las explicaciones facilitadas por la rectora.

Al término de la sesión, la secretaria del Consejo Social, Marisol Luque, destacó el "importante" papel de control que sobre la Universidad de Málaga ejerce el Consejo, y enfatizó que sus representantes tienen la misión de velar por los intereses de todos los ciudadanos, "más allá de posiciones particulares o partidistas".

En consecuencia, señaló que "es necesario que los debates se produzcan en el seno del Consejo y que conviene que cualquier valoración relacionada con los asuntos que en él se tratan se traslade a la opinión pública una vez que los miembros del Consejo hayan recibido la información pertinente, no antes, para evitar confusiones", concluyó.

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